Debate fiscal
Foment creará una comisión para analizar si los catalanes pagan demasiados impuestos o no
La histórica patronal catalana llama a los patrimonios de más de tres millones de euros a recurrir el nuevo impuesto extraordinario del Gobierno
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Josep Sánchez Llibre / JOAN CORTADELLAS
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado este martes la puesta en marcha de una comisión de expertos para diagnosticar la fiscalidad que rige en Catalunya y compararla con otros territorios de España, así como otros estados de Europa. La histórica patronal catalana parte de la tesis de que "Catalunya tiene una presión fiscal excesiva, que no nos hace competitivos respecto a otras comunidades y territorios de la UE", ha afirmado su presidente. Opinión diferente a la que tienen la mayoría de ciudadanos catalanes, que están en contra de bajar impuestos, según recogen los últimos datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.
Foment quiere ponerle números a ese debate y para ello impulsará la creación de una comisión que tenga el mandato específico de analizar, en un plazo de seis meses, la situación tributaria de los catalanes. El calendario de Foment es tener constituida dicha comisión en marzo, para que así en octubre sus expertos puedan presentar un estudio exhaustivo sobre el tema.
Su idea es que dicha comisión la integren representantes de colegios profesionales y organizaciones sociales, con la voluntad de superar los 30 miembros y que esta "sea lo más representativa posible", ha afirmado Sánchez Llibre.
Foment pretende luego remitir este informe a la Generalitat y presionarla para corregir ese exceso que ya denuncian los empresarios, referenciándose en Madrid. "Cuando un catalán compra una vivienda usada paga el 66% más que un madrileño", ha afirmado Sánchez Llibre, en referencia al impuesto de transmisión de propiedades, que está bonificado en Madrid. También ha denunciado que un catalán paga, de media, un 12,5% más de IRPF que un madrileño, según sus números.
A lo que se suma el impuesto de patrimonio, que en Madrid no se paga y en Catalunya sí. En total, Catalunya tiene 15 impuestos propios en vigor, a través de los que recaudan el 5% del total de impuestos recaudados por la Generalitat (entre cedidos, tasas e impuestos propios).
Ese esquema de crear comisiones con voluntad de transversalidad ya la ha seguido para tratar de reabrir el debate sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. Sobre este punto, Foment calcula que la semana que viene podrá presentar la conclusiones que sus expertos han estado trabajando durante los últimos meses.
Llamamiento a recurrir el impuesto de grandes patrimonios
La histórica patronal catalana ha hecho un llamamiento a aquellas personas con patrimonios netos de más de tres millones de euros a que recurra el nuevo impuesto extraordinario del Gobierno para gravarlos. Es decir, que lo paguen, pero que automáticamente presenten recurso administrativo para que, si en un futuro se declara su inconstitucionalidad, puedan recibir su reintegro.
Foment entiende que este gravamen vulnera la autonomía de las comunidades, la seguridad jurídica de los contribuyentes y la capacidad económica de los mismos. "También lo consideramos confiscatorio", ha argumentado su presidente, Josep Sánchez Llibre.
Es por ello que Foment iniciará a partir de este martes una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso y con todos los parlamentos autonómicos para remitirles el informe de inconstitucionalidad elaborado por el bufete RocaJunyent. E instarles a que sean ellos, que son los que tienen competencias para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), quienes lo impugnen.
También compartirá dicho estudio con su confederación CEOE, para así dar más posibilidades a todas aquellas instituciones que consideren oportuno presentar su propio recurso de inconstitucionalidad. De momento la Comunidad de Madrid ya ha presentado su propio recurso sobre este gravamen, a la espera de que el alto tribunal lo examine.
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