Tramitación parlamentaria
El impuesto a las energéticas recaudará la mitad tras suavizarse en el Congreso
Analistas financieros estiman que los ingresos bajarán a 1.000 al año y que Iberdrola y Endesa pagarán la mitad
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Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
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Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
La capacidad recaudatoria del nuevo impuesto sobre las empresas energéticas que impulsa el Gobierno se verá recortada a la mitad después de los cambios introducidos este jueves en el Congreso de los Diputados, que dejan fuera del tributo los ingresos obtenidos por las compañías a partir de la tarifa regulada de la luz y del gas y del resto de actividades reguladas. Así al menos lo estiman analistas de Bankinter que, en un boletín publicado este viernes, calculan que en lugar de ingresar 2.000 millones al año con la nueva figura fiscal, la Agencia Tributaria ingresará 1.000 millones en cada uno de los dos ejercicios en los que, en principio, estará en vigor el nuevo tributo que ahora se tramita en el Parlamento.
"Con la modificación se estima que se reducirían a la mitad los ingresos fiscales hasta aproximadamente 2.000 millones de euros (1.000 millones de euros por año)", señala el informe bursátil. "Con las nuevas modificaciones el sector eléctrico se ve más beneficiado que las petroleras y gasistas. Dentro de las eléctricas, la más beneficiada sería Endesa" añaden estos analistas.
Las enmiendas incorporadas en el Congreso también aclaran que el nuevo impuesto solo gravará con el 1,2% los ingresos por actividades energéticas desarrolladas dentro de España, pero esto es algo que ya había sido tenido en cuenta en los cálculos de Hacienda. Así pues, el ahorro fiscal de las enmiendas tiene que ver, en exclusiva con la decisión de dejar fuera del impuesto las actividades reguladas. "De un impacto inicial de cerca de 800M€ para Endesa (en dos años), el impuesto podría verse reducido a algo menos de la mitad. Esta reducción representa un 2,2% de la capitalización bursátil de Endesa (19.250 millones). En el caso de Iberdrola, la reducción podría ser similar, pero el impacto en la capitalización bursátil (66.780 millones) sería menor (0,6%)".
Los cálculos de los analistas de Bankinter coinciden en lo esencial con los formulados por los de Banc Sabadell este mismo viernes. En un informe financiero citado por Europa Press, Banc Sabadell opina que las nuevas excepciones a la tributación dejarán a la mitad el impacto del impuesto sobre Iberdrola y Endesa y proporcionarán un ahorro menor a Naturgy. En concreto, los cálculos de los analistas de la entidad financiera sitúan el importe del gravamen en unos 200 millones euros al año para Iberdrola y Endesa, una vez excluidas las actividades reguladas extrapeninsulares y PVPC y TUR, frente a los 400 millones de euros previamente contemplados por las compañías. Mientras, el impacto para Naturgy se situaría unos 170 millones de euros y para Acciona Energía en unos 50 millones de euros.
Congreso y Senado
En su tramitación parlamentaria en la Comisión de Economía, la proposición de ley para la creación del nuevo impuesto a las energéticas también ha incorporado una enmienda del PNV para que se excluya de la base de gravamen los los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial de la comunidad autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y los gravámenes complementarios a carburantes y combustibles petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión.
Tras su paso por la Comisión de Economía está previsto que la proposición de ley, por la que también se crea el nuevo gravamen sobre las entidades financieras y el nuevo impuesto para patrimonios a partir de 3 millones, sea sometida a votación en el pleno del Congreso el próximo 24 de noviembre, antes de su posterior remisión al Senado. El objetivo del Gobierno es que la ley esté aprobada antes del 31 de diciembre para que pueda entrar en vigor el 1 de enero, con efectos sobre ingresos y patrimonios devengados en 2022.
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