La crisis energética arrincona a las pequeñas comercializadoras de luz y gas frente a los grandes grupos

Esta semana Holaluz anunciaba que ponía fin a su negocio de comercialización de gas. No es un hecho aislado, la crisis energética está pasando factura a muchas pequeñas compañías de luz y gas. Algunas quiebran, otras venden sus activos y otras deciden dejar de vender algún producto, como es el caso de la eléctrica catalana. "La crisis ha puesto en evidencia la mala liberalización y la baja competencia que tenemos. Si llega una crisis y solo sobreviven las grandes es una nuestra de que esto no funciona", explica el experto en energía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Javier Arranz.

La decisión de Holaluz se puede extender, dado que surge tras la del Gobierno de limitar las subidas trimestrales de la tarifa regulada o TUR desde septiembre del año pasado (generando un déficit) para abaratar las facturas de gas de los consumidores, algo que imposibilita a las compañías pequeñas a ofrecer una tarifa libre con la que competir.

Eléctricas y gasistas como Holaluz, Fenie Energía, Aldro Energía o Factor Energía se habían hecho un hueco al arañar clientes de los grandes grupos integrados verticalmente (compañías que cuentan con filiales de generación y comercialización). Llegaron a superar el 10% de la cuota de mercado libre de luz y en el caso del gas el 5%. Pero en 2021 la crisis invirtió la tendencia, con la caída de sus contratos y el alza de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. En los últimos dos años cerca de un centenar de compañías independientes han dejado de operar en España, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los primeros efectos los empezaron a notar el año pasado en la liquidez y en las garantías que tienen que depositar ante el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica. La CNMC suavizó el segundo de los problemas al reducir las exigencias. Pero con la liquidez no ha habido éxito. Y eso que la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE) pide desde finales del año pasado una línea temporal de avales del ICO específica. Estas empresas compran electricidad cada semana pero la facturan unas 5 semanas después, por lo que un incremento de precios se hace notar en sus balances, de forma similar al IVA (compran energía al 21%, pero lo facturan al 5%, por la reducción de la factura, y aunque Hacienda les devuelve la diferencia, lo hace semanas más tarde).

“Pedimos que nos permitan a competir a todos por igual y medidas de índole económica y que relajen las tensiones de liquidez y financieras de las comercializadoras”, resume en un correo electrónico el presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), Asier Gorostiza.

Destrucción de la competencia

El Gobierno aprobó en septiembre del año pasado un real decreto que obligaba a nucleares y renovables que tuvieran beneficios extraordinarios por los altos precios del gas a devolver ese dinero. El propósito era que la recaudación, que se estimó para los primeros tres meses en 2.600 millones de euros, se utilizase para bajar la factura de la luz. Pero esa norma se modificó unas semanas después para eximir a quienes tuvieran contratos a un precio fijo inferior a 67 euros por megavatio-hora, tras la denuncia de las grandes compañías que defendían no tener beneficios extraordinarios.

Este cambio provocó que la recaudación sea mínima. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la cifró en mayo en 340 millones de euros y añadió que la medida sirve para evitar que las compañías realicen ofertas por encima de esos 67 euros por MWh. Pero las comercializadoras independientes se quejan de que esto no beneficia a todos los consumidores, “sino solo a unos cuantos” y genera consumidores "de primera y de segunda". Según los cálculos de ACIE, el 59% de los usuarios pagarán un precio de 67 euros por MWh, mientras que el 41% restante pagará casi cinco veces más.

“Las grandes tienen más energía de este estilo y la utilizan para captar clientes (en vez de abaratarles la luz a los que ya tienen), mientras las pequeñas tenemos que ir a comprar energía al mercado (con precios entre 150-250 euros por megavatio-hora)”, explica Javier Bescos, el director de regulación de Fenie Energía. Esa norma de septiembre de 2021 también obligaba a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a vender un 25% de su energía nuclear y renovable a las comercializadoras independientes y grandes clientes industriales, lo que reduciría esa desigualdad. Pero nunca se puso en marcha porque las grandes energéticas dicen que tienen casi toda esa energía ya vendida.

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