Condiciones laborales
UGT se lanza a elevar el coste del despido que no abordó la reforma laboral
El sindicato liderado por Pepe Álvarez demanda al Reino de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales
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Pepe Álvarez, secretario general de la UGT / periodico
![Gabriel Ubieto](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6e924cae-cd34-4f9f-a982-bd2052bffe1a_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
UGT mueve ficha para reabrir el melón de las indemnizaciones por despido. Después de ignorar esta cuestión en la recién cerrada reforma laboral para así hacer posible el acuerdo con la patronal, el sindicato trata de forzar al Gobierno a abordar el coste de los ceses y volver a encarecerlos. Su pretensión es revertir la rebaja efectuada durante el mandato de Mariano Rajoy. La central liderada por Pepe Álvarez ha presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CES) una demanda colectiva contra el Reino de España por vulnerar con la actual normativa el derecho de los trabajadores. Pues considera que las actuales condiciones son "insuficientes" para reparar los daños derivados de un despido y "absolutamente ajena a la más mínima función disuasoria", según recoge el escrito presentado este martes.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la carta europea por parte de los estados. Y desde UGT se han dirigido al mismo para utilizarlo como palanca y forzar al Gobierno a abrir una negociación sobre el precio del despido. Algo que hasta ahora el Ejecutivo ha rechazado y que no está recogido en el programa pactada entre los dos socios de la coalición. Elevar las indemnizaciones y volver a las cuantías previas a la reforma laboral de Rajoy fue una demanda unánime de gran parte de los partidos de la mayoría de la investidura (como ERC, que justificó su 'no' a la reciente norma por no contemplar esta dicha cuestión).
"La actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción", han manifestado desde UGT al Comité Europeo. Actualmente un despido improcedente tiene una indemnización de 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades (antes era de 45 días, con tope de 42 mensualidades). Según los cálculos de UGT, el Comité podría pronunciarse en el plazo de uno o dos años y si dicho pronunciamiento les fuera favorable, los tribunales españoles podrían invocar dicha jurisprudencia para elevar las cuantías de las indemnizaciones.
"El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha promovido la ratificación de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas, gracias al cual las organizaciones sindicales pueden tramitar este tipo de reclamaciones y trasladar sus demandas. La cuestión de las indemnizaciones por despido y su ajuste a la CSE se debate con intensidad en diferentes países de nuestro entorno en sus vertientes tanto disuasoria como reparadora. Trabajo, como no puede ser de otra manera, estará muy atento a lo que pueda decidir del Comité Europeo de Derechos Sociales", afirman desde el departamento liderado por Yolanda Díaz.
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