Invasión rusa
La ONU alerta de que la guerra puede aumentar el precio de los alimentos un 22%
El número de personas en riesgo de malnutrición puede aumentar en 13 millones en todo el mundo si se prolonga el conflicto
![Refugiados escapan de una zona bombardeada de Ucrania.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/581aeb55-4003-4907-86dd-0e0c3f94498f_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Refugiados escapan de una zona bombardeada de Ucrania. / EFE
Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania pueden sentirse en forma de hambre para millones de personas que viven a miles de kilómetros de las naciones enfrentadas.
En un análisis pormenorizado de todos los riesgos que implica la guerra entre las dos superpotencias agrícolas, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) describe un panorama de aumentos de precios que causaría, en sus simulaciones, que “el número global de personas malnutridas pueda aumentar entre 8 y 13 millones en 2022/2023, con los incrementos más pronunciados en la región de Asia-Pacífico, seguida del África Subsahariana y Oriente Próximo y Norte de África”.
El informe recuerda que los países enfrentados figuran entre los principales exportadores de trigo, maíz, colza, pipas y aceite de girasol, y además Rusia es el suministrador número uno del mundo de fertilizantes nitrogenados, y el dos de fertilizantes fosfatados y potásicos. Todos ellos productos, recuerda la FAO, de los que dependen muchos países en desarrollo. Un desplome en el suministro desde la región del Mar Negro “sólo podría verse compensado de forma parcial por otros proveedores en 2022/2023”, lo que podría “aumentar los precios internacionales de los alimentos y los piensos entre un 8% y un 22% por encima de los ya elevados niveles actuales”.
Destrucción y bloqueo
La FAO constata que la guerra ya ha causado graves disrupciones en Ucrania que pueden ir a más por los daños a las infraestructura de transporte terrestre y marítimo, y además “el conflicto puede hacer imposible a los agricultores atender sus cultivos”: sus cálculos estiman que “entre un 20% y un 30% de las áreas de cereales de invierno, maíz y girasol de Ucrania no podrán sembrarse o recogerse en la temporada 2022/2023”. Del lado ruso, “pesa mucha incertidumbre sobre las futuras exportaciones [...] a la luz de las dificultades en las ventas que pueden presentarse como resultado de las sanciones económicas impuestas sobre el país”.
El documento examina también las consecuencias para la agricultura y la alimentación del repunte de los precios de la energía causado por el conflicto: aumenta el precio de los alimentos por ser un componente fundamental de las tareas agrícolas y de los fertilizantes, y también porque desvía productos como el maíz o la caña de azúcar del uso alimentario a la producción de bioenergía. Las consecuencias monetarias de la guerra también afectan a la alimentación, no sólo por el desplome del rublo ruso y de la grivna ucraniana para esos países, sino también porque la apreciación del dólar encarece las compras de alimentos a los países en desarrollo.
Mercados abiertos
Ante este panorama desolador, la FAO recomienda a los países afectados por las consecuencias del conflicto que midan muy bien sus acciones por sus “posibles efectos perjudiciales en los mercados internacionales”. Singularmente, pide al resto de países que eviten las restricciones en las exportaciones de productos agrícolas, porque “exacerban la volatilidad en los precios, limitan la capacidad de amortiguación de los mercados mundiales y tienen impacto negativo a medio plazo”.
La organización también un llamamiento a la protección de las cosechas y del resto del sector e industria agroalimentaria en la zona en conflicto y a la preservación de sus cadenas de suministro y del comercio internacional de alimentos y piensos, e insta a los países que dependen de las exportaciones rusas y ucranianas a diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. También exige a los países que reciban refugiados de la guerra que adecuen su sistema de atención social para protegerlos y que levanten las restricciones legales para facilitar su acceso a trabajos y ayudas.
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