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El Govern impulsa el bono social del canon del agua
Una campaña divulgará la posibilidad de gratuidad del servicio para las familias vulnerables
Eleva el consumo 100% bonificado hasta los nueve metros cúbicos mensuales
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
El Govern ha anunciado este lunes la ampliación de la cobertura del bono social del canon del agua y el inicio de una campaña para divulgar la medida. Calcula que más de 100.000 familias cumplen los requisitos para acceder a la bonificación del servicio de agua en sus hogares, lo que supone unas 25.000 familias más que las que la reciben ahora. El canon del agua es un tributo con finalidad ecológica sobre el uso del agua que grava el exceso de consumo y la contaminación. Su objetivo es fomentar una utilización más eficiente de este bien, pero el objetivo de la medida de abaratar el agua, según explicó este lunes la 'consellera' de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, es "llegar a más personas" que por desconocimiento de la posibilidad no acceden a la gratuidad del servicio de agua pese a englobarse en el colectivo de familias vulnerables. La campaña del Govern pretende vincular el concepto de agua e igualdad, al entender que como servicio básico el agua no puede ser objeto de especulación y debe mantener amplios márgenes de consumo dentro de la gratuidad. Así, el nuevo marco normativo prevé la bonificación del 100% del consumo hasta nueve metros cúbicos mensuales para familias vulnerables, y del 50% si se supera ese umbral. Pueden acceder a estas bonificaciones las familias con todos sus miembros en paro, los que reciben la pensión mínima y los que se encuentran en una situación de "exclusión residencial". Hay que ser titular del contrato de agua de donde consta el padrón. La tarifa social del canon del agua se puede pedir llamando al 012 o realizando el trámite a través de la web del ACA y en la web trámites gencat.
Esta bonificación consiste en bonificar en un 100% el canon del agua para las familias más vulnerables y que consumen hasta 27 m3/trimestre, que es el caso del 72% de los recibos del agua declarados en Catalunya y que no superan el primer tramo del canon del agua. En caso que alguna familia en situación de vulnerabilidad, supere este consumo, la bonificación se aplica en un 50%.
Los ciudadanos pagan el canon en la factura del agua y puede suponer el 40% de la factura. La Agència Catalana del Aigua (ACA) solo lo recauda directamente a los usuarios que disponen de fuentes propias de suministro y a los industriales de régimen especial, que deben hacer los trámites necesarios para abonarlo.
Presión contra la privatización del agua
A pesar de que el agua es un recurso básico, la mitad de los abastecimientos ya están gestionados en España por empresas privadas, que en su mayoría están controladas por solo dos, Agbar y FCC. La privatización del servicio se usó como una forma coyuntural de obtener fondos para iniciativas públicas. Las compañías se quejan de que tienen que gestionar impuestos en los recibos del agua y que sus servicios y actividad no se reflejan de manera clara en los recibos.
En la mayoría de los países europeos la legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales adjudica su titularidad a la Administración Pública, normalmente a las entidades locales, al entender que es la mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial. En España aparecen entidades privadas o público-privadas, que defienden el creciente peso de la tecnología y la innovación en el sector, y que la Administración Pública no está en condiciones de asumir. En muchos casos, las instalaciones de abastecimiento y saneamiento son supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento o depuradoras)
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