Negociación en curso
Torrent: "La reforma laboral del Gobierno no es la que Catalunya necesita"
El dirigente de ERC reclama incorporar al acuerdo de reforma laboral elementos como la autorización administrativa de los eres, los salarios de tramitación o el incremento de indemnizaciones por despido
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Entrevista a Roger Torrent / ELISENDA PONS
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
ERC ambiciona incorporar modificaciones de calado a la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales a cambio de su apoyo parlamentario a la misma. "La reforma laboral no es la que Catalunya necesita", ha declarado el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes. El dirigente republicano echa en falta elementos como la autorización administrativa de los eres, los salarios de tramitación o el incremento de indemnizaciones por despido, en la línea de lo manifestado por el 'president' del Govern, Pere Aragonès.
Los republicanos reclaman cambios sustantivos que incidirían en uno de los pilares de la reforma del PP del 2012 que no ha tocado la nueva reforma del Gobierno de coalición: el despido. Una cuestión que dentro de la misma coalición generó disenso y que no se llegó a plantear a la patronal para retenerla en las mesas de negociación y acabar consiguiendo con ella el acuerdo.
Pese a que Torrent ha valorado "que el texto haya sido fruto de la concertación con los agentes sociales", también pide tocar varios aspectos relativos al despido a cambio de su apoyo parlamentario, potencialmente necesario para sacar adelante legislativamente la norma. Algo que, por otro lado, podría provocar que la CEOE se descolgara del acuerdo si se incorporan dichos cambios.
Bolaños presiona a PNV, ERC y Bildu
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, se insiste en la conveniencia de que durante su tramitación parlamentaria la reforma laboral "no sufra ninguna modificación". Así lo señaló este martes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Ese es su deseo, pero los números en el Congreso no los tiene de cara. ERC, PNV y Bildu, sus socios habituales, suman 21 escaños y están instalados en el 'no' por ahora. Hay un mes de margen hasta la votación en la Cámara baja, en la que el Ejecutivo necesita más 'síes' que 'noes'. Las abstenciones, por tanto, cotizan al alza.
En una entrevista en RNE, Bolaños subrayó que el nuevo marco laboral es "un acuerdo entre empresarios y sindicatos" en el que ambas partes han hecho "cesiones" y "equilibrios". "Quien vote que no, quien esté en contra, tendrá que explicarlo bien a sus votantes (...) Tendrá que explicar por qué vota 'sí' a que siga el marco laboral del PP", lanzó a sus aliados principales, informa Pilar Santos.
Condiciones del despido
Poco después, Torrent ha desgranado las principales reivindicaciones de los republicanos, que chocan con las demandas desde el Ejecutivo de no introducir cambios de calado en el texto pactado con los agentes sociales. ERC quiere recuperar la autorización administrativa de los eres, competencia que la autoridad laboral tenía antes de la reforma del PP y que le permitía vetar despidos colectivos. Una competencia que, según Torrent, permitiría a la Generalitat reforzar los mecanismos de "mediación" y plantear "alternativas al cierre", como en el reciente caso de la factoría Mahle (Vilanova i la Geltrú).
En ese perímetro del despido, los republicanos ambicionan recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado para los contratos indefinidos que el PP rebajó a los actuales 33 días. Y recuperar los salarios de tramitación, que son aquellos que cobraban los trabajadores despedidos de manera improcedente o nula tras demandar a la empresa por su cese y ganarlo judicialmente.
Otro elemento que ha puesto encima de la mesa Torrent es reforzar la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales, una reivindicación compartida entre ERC y PNV (claves ambos en las mayorías parlamentarias) y que fue una de las líneas rojas de la CEOE durante las negociaciones. De hecho, la cúpula de la patronal vendió a sus asociados la retirada de este punto de los borradores previos del Gobierno como uno de los argumentos para sumarse al acuerdo tripartito.
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