En las nuevas subastas
La cogeneración debe estar preparada para el hidrógeno 'verde' y autoconsumir un mínimo de energía
El Gobierno lanzará una subasta de 351 megavatios en 2022, otra de 442 megavatios en 2023 y 407 megavatios en 2024
![Tratamiento de purines 8 Instalaciones de cogeneración y secado de la planta Tracjusa de Juneda, en las Garrigues.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5fed9618-6720-48b7-874d-2499ea022deb_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Tratamiento de purines 8 Instalaciones de cogeneración y secado de la planta Tracjusa de Juneda, en las Garrigues.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a información pública el marco de las convocatorias para adjudicar una retribución regulada a un total de 1.200 megavatios de cogeneración hasta 2024. Tras la primera puja de 351 megavatios, que se celebrará el próximo año, se convocará una segunda en 2023, de 442 megavatios, y otra en 2024, de 407 megavatios. El objetivo es que estén operativas en 2027 y entre las condiciones para participar en el concurso destaca como novedad que las instalaciones, además de aportar una elevada eficiencia, deberán estar preparadas para consumir hidrógeno renovable y autoconsumir un mínimo de su producción de electricidad.
Con más de 5.500 megavatios de potencia instalada en España, la cogeneración tiene una fuerte presencia en la industria, donde se localiza el 92%, mientras que el 8% restante está en el sector terciario y residencial. El combustible mayoritariamente consumido por este tipo de plantas es el gas natural, que representa el 84% en la producción de electricidad y el 86% en la producción de calor, aunque existen también instalaciones con otros combustibles fósiles o renovables.
Las nuevas subastas priorizarán las instalaciones de biomasa, así como aquellas que supongan la sustitución de combustibles fósiles por alternativas menos contaminantes para acelerar el proceso de transición energética, y no podrán superar una potencia máxima de 50 megavatios –15 megavatios en los sistemas no peninsulares– y cumplirán unos niveles de ahorro de energía primaria suficientes para ser consideradas de alta eficiencia o de muy alta eficiencia (estos niveles serán del 10% para potencias superiores a 1 megavatio en el caso de la biomasa, y del 15% para el caso de las plantas de gas natural con más de 1 megavatio y del 5% para las menores).
Además, tendrán que estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable mezclado con su combustible habitual y tener un nivel mínimo de autoconsumo de electricidad del 30%, individual o compartido. En caso de incumplir esta ratio de autoconsumo las instalaciones verán su retribución a la operación minorada y se les aplicará adicionalmente una penalización del 5%. Esta penalización del 5% no se aplicará en aquellos casos en los que las compañías hayan firmado un contrato de venta de energía a largo plazo (más de cinco años), pero sí se les minorará la retribución a la operación.
Las cogeneraciones que operen con gas natural tendrán reconocida una vida útil regulatoria de 10 años y las que operen con biomasa de 20 años y tendrán una rentabilidad razonable del 7,09% (valor establecido para el segundo período regulatorio 2020-2025).
El sector ha calificado estos 1.200 megavatios de "insuficientes" porque en 2025 finalizarán su vida útil 1.800 megavatios que actualmente están en funcionamiento y en 2030 otros 2.600 megavatios, según defendieron las patronales Acogen y Cogen España durante el XVII Congreso Anual de Cogeneración que se celebró en octubre. "Los alemanes nos cuadruplican en cogeneración y los italianos nos duplican, considerando la cogeneración una garantía para su competitividad industrial y su descarbonización", explicaron.
El Gobierno publicará anualmente el detalle de los cupos para cada rango de potencia y tipología de instalación, así como las fechas de celebración de los concursos. Como en el caso de las subastas de energías renovables, cada instalación deberá presentar un plan estratégico de evaluación de impacto con las estimaciones iniciales sobre el empleo local y la cadena de valor industrial, así como un plan de evaluación de impacto definitivo, que recogerá el nivel de cumplimiento de las previsiones inicialmente presentadas.
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