Catalunya ralentiza su transición hacia la energía verde

Un total de 33 meses (más cerca de tres que de dos años) es lo que tarda en tramitarse un parque eólico en Catalunya, desde la fecha en que la Administración admite el proyecto hasta que se lleva a cabo la imprescindible declaración de impacto ambiental. Este periodo de tiempo es un 57% superior a los 22 meses que establece el real decreto ley 23/2020. La hoja de ruta anunciada el miércoles pasado por el 'president' Pere Aragonès, y la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà; que se apoya en priorizar las comunidades de producción locales y crear una compañía pública, ha disparado las alarmas del sector.

"Estamos contentos porque desaparece la posibilidad de una moratoria" (algo que reclamaba la CUP a pesar de que Catalunya se sitúa a la cola de potencia verde instalada), pero a la vez estamos preocupados porque no se agilizarán proyectos", afirma Jaume Morron, gerente de la patronal EolicCat. Desde el pasado 17 de mayo, se ha practicado una moratoria de facto, ya que apenas se han tramitado proyectos a través de la ponencia creada por el decreto de 2019 para evaluar con carácter previo cada proyecto, normativa que ahora el Govern modifica y aprobará probablemente este martes. La parálisis del sector en Catalunya acumula más de una década.

Además, a partir del 24 de abril próximo puede producirse un alud de pleitos contra la Generalitat porque a partir de esa fecha decaen los proyectos sobre los que la Administración no se ha pronunciado ni emitido la declaración de impacto medioambiental, lo que significa que perderán sus derechos de conexión a la red, afirman desde el Observatori d'Energies Renovables de Catalunya. Eso les obligaría a partir de cero, en caso de querer seguir con el proyecto. En Catalunya, más de 4.000 megavatios (MW) de energías renovables, el cuádruple de la potencia instalada hasta la actualidad, se encuentran en esta situación, según el Obervatori. El objetivo para 2030 es llegar a más de 5.200 en eólica, frente a los 1.271 actuales; y a 6.279 de solar fotovoltaica, frente a los 344 actuales, lo cual, al ritmo actual, queda muy lejos, destaca el sector.

El plan del Ejecutivo catalán apuesta por un mayor peso de la sociedad, es decir, el territorio, en la decisión sobre la implantación de energías renovables al establecer que se aceleren los trámites si se cuenta con el apoyo del 50% de los propietarios del os terrenos e incluso más celeridad si se llega al 85%. También impone la posibilidad de participación al mundo local para que este asuma al menos el 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación y el objetivo de crear una empresa pública generadora de energía. El problema es que impulsar las instalaciones de hasta 50MW, sobre las que tiene competencias la Generalitat, no basta para alcanzar los objetivos de descarbonización y hay promotores que han optado por sumar proyectos para que el trámite pase directamente la administración central y las directrices de la Generalitat queden, de esta forma, en papel mojado, advierte el sector.

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