El Govern diseña una transición energética basada en pequeños productores locales

Tras más de una década de paralización de las energías renovables en Catalunya, el Govern encara una hoja de ruta basada en un mayor peso de la sociedad, es decir, el territorio, en la decisión sobre su implantación, la priorización de las comunidades energéticas locales con un máximo de 5 megavatios (MW) de potencia y el objetivo de crear una empresa pública generadora de energía. Ese es el camino que marca el 'president' Pere Aragonès de la mano de la titular de la cartera de Acció Climàtica, su correligionaria, Teresa Jordà, que presentan esta tarde en Barcelona este proyecto. Uno de los pilares de esta estrategia es la reforma del decreto de 2019 para "regular y priorizar", como "punto de partida hacia la transición energética" con un "modelo catalán", según Jordà. Y eso se basa en la generación distribuida "de verdad", no apoyada en grandes centrales alejadas de los centros de consumo; y la "cohesión territorial".

Ese texto del proyecto de decreto, para el que se persigue el apoyo de la CUP, que defiende una moratoria en la implantación de energías renovables pese a que Catalunya se encuentra a la cola comparada con la mayoría de autonomías, da mayor protagonismo a los propietarios de los terrenos. Está previsto que la norma, que fomenta el autoconsumo y la pequeñas centrales de origen generación renovable, sea aprobado el martes que viene por el Consell Executiu. Jordà, que ha hecho una ronda de contactos con grupos parlamentarios y entidades para exponerles sus planes, aseguró en un encuentro con la prensa que el decreto no supone una moratoria de las renovables en Catalunya. "No se podía hacer una moratoria. Es el mejor de los decretos que podíamos hacer", aseguró.

Agilizar trámites

Uno de los objetivos es agilizar los trámites de aquellos proyectos que cuenten con al menos el apoyo del 50% de los propietarios y aún más si se alcanza el 85%. Otro de los objetivos es facilitar la implantación de energías renovables en comunidades de vecinos, con solo mayoría simple, para lo que se requiere reformar el Código Civil catalán.

Los criterios de priorización, que no existen en el decreto actualmente en vigor, suponen anticiparse a algunos aspectos que contemplará el plan sectorial territorial para implantación de energías renovables en Catalunya, que está previsto que se apruebe en el segundo semestre de 2023. La cuestión es que para alcanzar los objetivos previstos para 2030 hay que incorporar 10.000 MW más de potencia renovable y para llegar a las metas de 2050, 70.000 más. Actualmente hay unos 600 expedientes de proyectos que decaen el 24 de abril del año que viene si no son aprobados. Para ello está previsto contratar a 24 personas, con el objetivo de agilizarlos.

El proyecto prevé también la creación de una empresa pública para producir y gestionar energía, en especial "en aquellos espacios de proximidad que carecen de interés para los grandes grupos promotores energéticos, como edificios e infraestructuras pública, carreteras, embalses o canales, entre otros". También se plantea que esta compañía participe en la propiedad de plantas renovables o la gestión pública de las centrales hidroeléctricas de las que caduquen sus concesiones. De las 200 existentes solo dos finalizan próximamente.

Participación del mundo local

Otro pilar de la estrategia es la ley de transición energética, que está previsto aprobar durante el primer semestre del año que viene, que fijará un objetivo mínimo de generación distribuida respecto a los objetivos de energías renovables en el horizonte de 2030 o "impulsará la autosuficiencia conectada en red y entre municipios y, con plantas "participadas por la ciudadanía, las empresas locales, las administraciones públicas locales y las entidades sociales, entre otras".

Otra novedad de este decreto es que el promotor de un parque eólico o de una instalación fovoltaica con una potencia instalada entre los 5 MW y los 50 MW -por encima de ese umbral la autorización corresponde al Gobierno español- deberá acreditar que ha ofrecido participar al mundo local. En concreto, obliga a ofrecer, tanto a particulares, a cooperativas energéticas con al menos 50 socios locales o a personas jurídicas públicas y privadas del municipio o de la comarca, la posibilidad de participar en al menos un 20% de la financiación o de la propiedad del proyecto.

La nueva norma suprime la ponencia y la consulta previa instauradas en el decreto de 2019 y que, según la directora general de Energia, Assumpta Farran, no han servido para agilizar el proceso.

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