Las eléctricas renegocian los contratos con sus grandes clientes por el plan de choque del Gobierno

Las grandes eléctricas empiezan a mover ficha tras la polémica del plan de choque del Gobierno que recorta sus ingresos y les obliga a subastar parte de su energía a otras compañías. Endesa e Iberdrola, las principales eléctricas de España, pedirán a sus clientes renegociar sus contratos para incluir en ellos las nuevas "reglas del juego" fijadas por el Gobierno. Por su parte, Naturgy dice que, de momento, sigue evaluando el impacto de las medidas.

Ante la escalada del precio mayorista de la electricidad, que para este jueves se mantiene en los niveles récord de 189,8 megavatio por hora (MWh), el Ejecutivo anunció hace unas semanas una reducción de una parte de los beneficios extra que considera que las compañías eléctricas (principalmente por la producción de sus centrales nucleares e hidráulicas) reciben por el alza del gas.

Las compañías defienden que no existen tales beneficios puesto que la generación de estas centrales se vende a sus propias comercializadoras mediante contratos bilaterales a un precio fijo que negocian con anterioridad y a un precio muy inferior a los actuales del mercado (154 euros es la media de este mes de septiembre). Esos precios negociados intragrupo son, según ellas, los que sirven de referencia para los contratos que firman con sus grandes clientes y, por ello, han anunciado revisiones contractuales.

Es el caso de Endesa, que está considerando una "renegociación" de las condiciones firmadas con aquellos grandes clientes "cuyos contratos de precio fijo estén cubiertos por las plantas afectadas por la nueva legislación" porque considera que tenían acordado un precio del suministro que se queda desvirtualizado con las medidas del Gobierno. Por su parte, con los clientes domésticos y pymes se mantendrá la misma línea que hasta ahora, pues al ser contratos anuales se revisan al alza o a la baja al finalizar en función de las condiciones del mercado, y así seguirá siendo, dicen.

Iberdrola ha ido un poco más allá, al advertir a sus clientes industriales que o renegocian las condiciones o cancelan los contratos. En una carta enviada a "unos miles" de usuarios, la compañía que preside Ignacio Sánchez-Galán explica que, según las cotizaciones disponibles, se ha estimado que el nuevo coste regulado representará más de 70 euros por megavatio-hora, por lo que, "considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, se produce una situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas".

La eléctrica dice que su "voluntad" es mantener unos términos contractuales que restablezcan el "equilibro económico" de forma temporal mientras estén vigentes las medidas impuestas por el Gobierno. "En el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los jueces y tribunales, se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda", añade la compañía en la misiva.

Además, la eléctrica también ha enviado una carta a algunos de sus proveedores paralizando temporalmente la inversión en nuevos proyectos renovables, que estaban en marcha o ya adjudicados, mientras analiza el impacto del decreto del Gobierno en estas instalaciones.

En una intervención en el Congreso, la vicepresidenta Teresa Ribera ha contestado a estas reacciones mostrando su "preocupación" y advirtiendo que "es probable que la revisión de tarifas la tuvieran prevista incluso antes" del plan de choque del Gobierno. "Queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio. Y si hay algún tipo de problema, no puede ser algo que perjudique a los industriales, ni a los consumidores domésticos, ni evidentemente a los trabajadores", ha añadido.