El Estado inyectará 241 millones en Hotusa

La cadena hotelera Hotusa recibirá 241 millones del fondo para empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta aportación, a través de un préstamo participativo de 190 millones y otro ordinario de 51 millones ha recibido luz verde después de haberse concluido el análisis de los términos de la financiación solicitada por el grupo que preside Amancio López Seijas.

El grupo hotelero ha aceptado los términos y condiciones de la financiación temporal solicitada, según fuentes de la entidad pública. La operación -que se ha considerado estratégica dentro del sector hotelero- se someterá a la aprobación en los próximos días del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona SEPI y, posteriormente, del Consejo de Ministros.

Primer año sin beneficios

La cifra de negocio del grupo se elevó a finales de 2019 a 1.268 millones de euros. En diciembre de ese mismo año contaba con 4.085 empleados, el 72% dentro de España. La crisis ocasionada por el covid ha impactado en las cuentas del grupo, que, por primera vez en sus más de 40 años de historia, el pasado ejercicio no arrojaron beneficios.

La compañía desarrolla sus actividades en más de 130 países. Tiene 219 hoteles, el 67% de los cuales está en España, y en 2019 tenía 4.085 empleados. El conglomerado gira en torno al área turística, integrada por diferentes sociedades que prestan servicios de distribución, comercialización y márketing a establecimientos hoteleros de todo el mundo; y el área hotelera, bajo el nombre de Eurostars Hotel Company, engloba el negocio de gestión directa de hoteles. Del total de establecimientos, más de 100 están integrados en la cadena Eurostars Hotels y más de 70 a la cadena Exe Hotels.

Hotusa será la séptima empresa que recibe recursos del fondo público. El listado hasta ahora lo conforman Air Europa (475 millones), Plus Ultra (53 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Tubos Reunidos (112 millones) y Rugui Steel (25 millones).

Quedan pendientes los expedientes de compañías como la siderúrgica catalana Celsa, propiedad de la familia Rubiralta, que lleva meses esperando en torno a 700 millones de oxígeno público.