Oposiciones
El Gobierno aprueba este martes una oferta pública de empleo de 30.455 plazas
El Ejecutivo califica la OEP de este 2021 como "la mayor de la historia", mientras los sindicatos la consideran insuficiente para combatir el envejecimiento de plantillas
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María Jesús Montero, en el Congreso / EUROPA PRESS / E. PARRA
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este próximo martes la oferta de empleo público (OEP) de este ejercicio 2021. Para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE), incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se sacarán a oposición un total de 30.455 plazas, según ha adelantado El País y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Esta última cifra supone un incremento respecto a la primera propuesta presentada a los sindicatos el jueves de la semana pasada, que fue rechazada por "insuficiente", según coincidieron en calificar las diferentes centrales.
El Gobierno aprobará este martes la oferte pública y posteriormente irá sacando el calendario de oposiciones, que concretarán en cuerpo, plazo y fecha las pruebas para el acceso a la función pública. Desde el Ejecutivo califican la OEP que validará este martes el Consejo de Ministros como la "más grande de la historia", pues es el 8,5% mayor que la del año pasado. Aunque no supera en términos absolutos la del 2019, que ya fue bautizada en su día bajo el mismo epíteto. Pues la cifra de aquel entonces, sumando las plazas de estabilización incluidas (en esta no hay oferta de este tipo), fue de 33.793 plazas. Si bien en la actual oferta el número de plazas de acceso libre y promoción son superiores. Es decir, es la más grande de la historia si se excluyen de cómputo los procesos de estabilización de interinos.
Los sindicatos más representativos de la Función Pública -CSIF, CCOO y UGT- no han sido consultados en relación a esta última cifra y la oferta pública saldrá sin su visto bueno. La intención del Ejecutivo es citarlos a lo largo de esta semana para informarles de los detalles ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, las centrales ya adelantan que, pese a la mejora, continúan viendo escasa la cifra planteada para revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas de la AGE.
Del total de 30.455 plazas anunciadas, 23.491 plazas son propiamente de funcionarios de la AGE y el resto forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Dentro de las plazas de la AGE, 13.982 son plazas de acceso libre (es decir, supondrán la incorporación de nuevos empleados públicos) y las 9.509 plazas restantes son de promoción interna (es decir, sirven para que funcionarios ya con plaza puedan ascender). No habrá en esta convocatoria plazas para la estabilización del personal eventual, según detallan desde Función Pública; dados los reducidos niveles de temporalidad existentes en la AGE (cercanos al 8%), en contraposición a los altos niveles que sí existen en otras esferas, como la educación o la sanidad (cercanos al 40% y gestionados desde las autonomías).
Difícil relevo
Actualmente hay 2,7 millones de trabajadores en la plantilla de la Administración General del Estado, una esfera desde la que se gestionan los ministerios e instituciones como el SEPE o la Tesorería General de la Seguridad Social. El progresivo envejecimiento de las plantillas es un problema que se arrastra desde hace años, debido a unas ofertas públicas de empleo limitadas, y actualmente la media de edad de los trabajadores se encuentra en los 51,6 años; según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Lo que implica que, según cálculos de la propia Administración, a lo largo de la próxima década más de la mitad de los actuales efectivos se jubilarán.
La falta de dimensión de las ofertas de empleo públicas en los últimos años ha provocado una pérdida de efectivos en los servicios gestionados desde la AGE; según reconoce un informe interno elaborado por el antiguo Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Después de la última remodelación de Gobierno, estas competencias las ha asumido Hacienda. "La evolución de efectivos de enero 2010 a enero 2020 refleja una pérdida neta de efectivos para la Administración del Estado de un 22% a lo largo de ese periodo", reza dicho informe.
Lo que ha provocado, entre otros, problemas de gestión en algunos cuerpos durante la actual crisis del covid. Como por ejemplo la falta de manos en el SEPE para gestionar la avalancha de ertes -se tuvieron que incorporar a 3.000 interinos que están finalizando contrato progresivamente hasta septiembre- o en la Seguridad Social para tramitar el nuevo ingreso mínimo vital (IMV).
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