El Gobierno reducirá cargas a las operadoras para hacer atractiva la inversión en 5G

El Gobierno prevé reducir el histórico impuesto de RTVE que pagan las 'telecos' y la tasa anual de reserva por uso de espectro de 5G, así como aliviar las obligaciones de las compañías en el despliegue de la nueva tecnología con el objetivo de hacer más atractiva la inversión en la tecnología 5G.

La enorme competencia en el mercado de las telecomunicaciones y el auge del ‘low cost’ han supuesto una caída de ingresos en un sector que tiene que hacer frente a gigantescas inversiones para el desarrollo de la tecnología 5G. Hace unas semanas, el Ejecutivo extendió de 20 a 40 años la concesión de espectro radioeléctrico para que las telecos puedan amortizar mejor la inversión y sacarle un rendimiento mayor.

Y este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado nuevas medidas a los principales operadores y asociaciones del sector en una reunión en la que ha reiterado que el Ejecutivo sigue trabajando para reducir el precio de salida de la subasta de 700 megahercios que se convocará en las próximas semanas. El la actualidad se sitúa en los 1.170 millones de euros y está considerado muy alto por las empresas. Las propuestas han sido bien acogidas por DigitalEs, la patronal de las empresas de telecomunicaciones, que señala que "ayudarán a acelerar la transformación digital de España".

En la denominada como 'hoja de ruta del 5G', el Ejecutivo prevé suprimir las obligaciones mayoristas en algunos bloques de frecuencias y ajustar los plazos del contenido de la obligación de cobertura impuestas a cada uno de los bloques. Según las condiciones pervias, en función del lote, los operadores debían cubrir en tres años el 100% de las poblaciones de 20.000 o 50.000 habitantes. El Ejecutivo está valorando extender estos plazos obligando a alcanzar esa cobertura "en un periodo de tiempo más amplio", según fuentes, pero "el detalle no está cerrado".

Además, el Gobierno contempla la reordenación de la banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 Mhz) --una de las tres bandas en las que se despliega el 5G junto con la de 700 Mhz y 26 Ghz-- para optimizarla y fomentar la inversión en redes, como venían proponiendo las compañías, ya que la proximidad de bloques de un mismo operador mejora la calidad de su servicio. Y, con el objetivo de reducir la carga fiscal de los operadores, que denuncian que es la mayor de Europa, ofrece reducir las tasas anuales de reservas del espectro en las zonas reservadas para el 5G en 2022 y 2023, una medida que el Gobierno estima en el plan enviado a Bruselas que se traducirá en una merma para las arcas públicas de 90 millones de euros. A cambio, según contempla el Plan de Recuperación, los operadores tendrán que invertir esas cantidades en despliegues en zonas donde no tengan obligación de despliegue de infraestructura.

Por otro lado, también se contempla la revisión de la tasa que aportan los operadores a Radio Televisión Española, una eterna petición del sector, que se prevé modificar a través de la Ley de Comunicación Audiovisual que está en elaboración. Además, se han incluido medidas para agilizar la concesión de los permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles y confederaciones hidrográficas) y la implementación de la caja de herramientas de conectividad de la Comisión Europea.

Atribución de frecuencias

En el mismo sentido, el Gobierno modificará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, actualmente en consulta pública, para incluir condiciones técnicas armonizadas válidas para el 5G de cada una de las bandas de frecuencias señaladas en Europa para servicios y comunicaciones electrónicas.

El Ejecutivo además perseguirá que Bruselas elabore directrices en el ámbito comunitario para facilitar que las empresas compartan infraestructuras y espectro. Además, el Consejo de Ministros ya aprobó un real decreto por el que la duración máxima de las licencias de espectro se extendía hasta los 40 años (20 años fijos y 20 renovables).

La nueva hoja de ruta también contempla la redacción de una Guía de Buenas Prácticas para entidades locales, un extremo que está contemplado en el Plan de Recuperación, que destina cuatro millones de euros a la formación y el apoyo a entidades locales para los despliegues de esta tecnología.

El Plan de Recuperación destinará un total de 4.000 millones de euros a impulsar la conectividad, el despliegue de 5G y la seguridad. Entre sus ejes se encuentra la inversión de 812 millones de euros en extender la banda ancha ultrarrápida, 109 millones de euros en la hoja de ruta 5G, además de 480 millones de euros para el refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial.

Asimismo, el despliegue del 5G recibirá inversiones públicas por 1.400 millones de euros, mientras que para el de infraestructuras digitales transfronterizas se destinarán otros 500 millones de euros.

Entre los objetivos del plan se encuentra que el 100% de los españoles tengan Internet a una velocidad de 100 Mbps, una medida con la que se busca cerrar la brecha de acceso a Internet.