La nevera de los ertes y la incógnita del deshielo

PCR, RT o EPIs son algunas de las siglas que se han ido instalando en el acerbo popular desde que comenzó la crisis del covid (otra sigla). Conceptos que hasta hace nada eran patrimonio prácticamente exclusivo de epidemiólogos y ahora son habituales en boca del ciudadano de a pie. Lo mismo ha ocurrido con los ertes, unas siglas antaño únicamente conocidas por abogados laboralistas y algunos trabajadores, sobre todo del sector industrial, y que en los últimos 12 meses ha llegado a afectar de manera directa a 3,5 millones de personas. 

Tras la declaración del primer estado de alarma, rara era la persona que no estuviera o tuviera un conocido en erte. Una especie de unicornio mágico apartado del mercado laboral y sus vaivenes, pues dos de cada diez asalariados en España llegaron a estar en un expediente de suspensión durante esta pandemia. Un pico, el de 3,5 millones de afectados, que actualmente está estabilizado entorno a los 750.000 suspendidos; con sus vaivenes fruto del relajar o endurecer restricciones por parte de las administraciones.

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Muchos se han atribuido la paternidad de la herramienta, específicamente rediseñada entre Gobierno, patronal y sindicatos para la actual crisis del covid. Su origen ya se remonta a la primera versión del Estatuto de los Trabajadores (publicada en el 1980, con Adolfo Suárez como presidente) que en su artículo 47 ya contempla "Suspensión del contrato por causas tecnológicas, económicas o derivadas de fuerza mayor".

Éxito consensuado

El éxito del actual formato de ertes, adaptado de manera exprés durante los primeros días de estado de alarma y modulado en sus sucesivas prórrogas (actualmente la cuarta), es consenso prácticamente unánime en el mundo económico. Al menos entre los trabajadores indefinidos, pues esta herramienta no evitó una escabechina laboral entre trabajadores temporales y fijos discontinuos la inicio de la pandemia. El Banco de España, en un informe publicado la semana pasada, consideró acreditada "una elevada efectividad de los erte a la hora de facilitar la vuelta al empleo tras las medidas de confinamiento adoptadas en la primavera pasada". 

Los ertes han sido la nevera a la que fueron a hibernar las empresas que tuvieron que parar al principio de la pandemia y de la que entran y salen las que no han podido reabrir desde entonces. Pocas firmas impedidas en su actividad decidieron no recurrir a este recurso. Dos de las más sonadas fueron Estrella Galicia o Chocolates Valor, que pese a las restricciones apostaron por asumir la factura. Otras, con menos pedigree mediático, como la pyme catalana especializada en téxtil Arpe, tampoco recurrieron al erte y apostaron por reconvertirse. Esta compañía familiar pasó a fabricar mascarillas y el 2020 acabó siendo un año récord para sus balances. 

Ejemplos a parte, las empresas sin erte fueron las menos y el uso de la nevera pública de empleo fue recurrente. Y la electricidad de la misma está siendo costeada en gran parte por el erario público, que, a cambio de contener una ola de despidos, está suponiendo un sustancial esfuerzo. Hasta ahora el Gobierno, entre prestaciones para los trabajadores y exoneraciones para las empresas, ha invertido cerca de 22.289 millones de euros desde el marzo pasado.

La incógnita del deshielo

Si bien pocos ponen en duda la eficacia de los ertes del covid como mantenedores del empleo, las dudas no escasean en relación al día después. El próximo 31 de mayo vence la vigente prórroga pactada entre el Gobierno, patronal y sindicatos y las partes tienen pendiente volver a sentarse para abordar cuánto y cómo alargan estos mecanismos de protección extraordinarios. Con la asignatura pendiente de estabilizar algunos de estos incentivos para dichos expedientes más allá de las prórrogas extraordinarias.

¿Qué pasara con esos 750.000 trabajadores que están actualmente en erte y que difícilmente abandonarán definitivamente el mismo mientras sigan las restricciones? No han faltado proyecciones que aventuran una nutrida destrucción de empleo cuando esa nevera se apague, como la Airef, que vaticinó que el 30% de los afectados por erte saltaría al paro. O el Colegio de Gestores, que afirmó que hasta 300.000 suspendidos, acabarían en paro. De momento las estadísticas no les acompañan, pues la afiliación ha seguido creciendo. La incógnita está en el momento en el que el Gobierno desenchufe definitivamente la nevera y no quede otra opción que el deshielo.

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