Financiación territorial
La oposición acusa de electoralismo a Sánchez por el anuncio del pago a las autonomías
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Agustí Sala / Rosa María Sánchez
El Ministerio de Hacienda ha abierto la caja de los truenos al admitir ahora que está dispuesto a abonar cuanto antes a las comunidades autónomas los 4.500 millones pendientes de la actualización de las entregas a cuenta de este año. Y eso, agrega, puede llegar en días, incluso antes de las elecciones generales del 10 de noviembre (10-N).
La noticia, adelantada por 'El País', ha sido confirmada por este diario en fuentes gubernamentales que, aunque evitan precisar si esa entrega será en septiembre, admiten que será "pronto".
Entre quienes se han lanzado de inmediato a atacar el cambio de postura, además de toda la oposición del PP y Ciudadanos, está la GeneralitatGeneralitat, convencida de que el Ejecutivo central teme el fallo ante la denuncia judicial que presentaron, según fuentes de la Conselleria d’Economia. Las mismas fuentes afirmaron que la demanda ya está presentada ante la Audiencia Nacional y «en Hacienda están preocupados por si se resuelve el recurso antes del 10-N».
La actual premura del Ministerio por atender la demanda autonómica contrasta con la falta de urgencia de la que ha estado hablando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sus últimas comparecencias.
En el Senado y en el Congreso, Montero argumentó que, en la mayoría de los casos, no eran ciertas unas tensiones de tesorería que no iban a aparecer -según ella- hasta mediados de diciembre y que había tiempo para buscar una solución dentro de la legalidad.
La ministra se escudó en agosto en un informe de la Abogacía del EstadoAbogacía del Estado que era contrario a que un Gobierno en funciones pudiera ejecutar estos pagos. Aún así siempre añadió que estaba buscando una solución legal.
Hacienda no ha explicado cuál es el «resquicio legal» que ha encontrado para que, tras convocar elecciones, se pueda hacer algo que, según el informe de la Abogacía que esgrimió, no se podía hacer antes, con un Gobierno en funciones. En todo caso, a estas alturas del año, con los comicios previstos el 10-N, los pagos que se lleven a cabo no afectarán al próximo Ejecutivo, ya que este no se constituirá hasta ya comenzado 2020, un nuevo ejercicio, entienden las fuentes consultadas.
«Eso demuestra que teníamos y tenemos razón en denunciar al Gobierno español por reneter irregularmente el dinero que nos corresponde», afirmó en tuiter el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.
Poco después fue el propio president Quim Torra quien criticó que Hacienda vaya a desbloquear «milagrosamente, al comenzar la campaña electoral» 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica. En Twitter reprochó: «Engaño tras engaño. Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque hasta que no haya Gobierno no pueden pagar; y ahora aparece un resquicio».
La oposición también disparó desde todos los frentes. El primero en denunciar «la tomadura de pelo» fue el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
El propio líder del PP, Pablo Casado, dijo que era «inadmisible que el Gobierno pretenda comprar voluntades electorales con el dinero de los contribuyentes».
Varios barones populares criticaron el «electoralismo» del Gobierno. «Primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna», declaró en Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la misma red social, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), se preguntó cuándo «creer» a la ministra: «¿cuando decía que no podía pagarnos o ahora que encuentra un resquicio porque hay elecciones?».
Ciudadanos se sumó a la crítica. «Sánchez y su Gobierno se están riendo de las comunidades autónomas. Se ríen de los consejeros de Hacienda y de los españoles. En el caso concreto de Madrid no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna comunicación por parte del Gobierno de España», dijo el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado (Cs).
Mucho más comprensivo fue el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, que tildó de «buena noticia» que Hacienda tenga previsto desbloquear en pocos días los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta
Lo que dice la Abogacía del Estado
En un informe entregado a Hacienda el pasado 27 de agosto, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, la Abogacía del Estado deja claro que, desde su punto de vista, es ilegal que un Gobierno en funciones atienda el pago a las autonomías de los alrededor de 4.500 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.
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