JUICIO EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA
El Banco de España se enteró por la "prensa" de los sobresueldos de CatalunyaCaixa
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NARCIS SERRA / periodico
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Jesús G. Albalat
Tres peritos del Banco de España y también antiguos cargos del mismo organismo han asegurado este martes en el juicio que se celebra contra la excúpula de CatalunyaCaixa que se enteraron "por la prensa" de los sobresueldos del que era era director general, Adolf Todó, y del entonces alto cargo, Jaume Massana. Cuando tuvieron conocimiento de ello, hablaron con Todó y le comunicaron que, en su opinión, este aumento “no era oportuno” porque se estaba iniciando una profunda reestructuración laboral con prejubilaciones. Los ténicos, que no han cuestionado la legalidad del incremento retributivo, han precisado que también hablaron con la Generalitat sobre este asunto. El que fuera presidente de la entidad, Narcís Serra, declaró el pasado octubre en la vista que se había informado al Banco de España y a la Administración autonómica del incremento de los sueldos de los dos ejecutivos. Por lo tanto, los expertos del órgano de supervisión bancario han rebatido la tesis de las defensas.
Los tres exaltos cargos del Banco de España ha afirmado que cuando se pusieron en contacto con la que era cúpula de CaixaCatalunya para pedir explicaciones por el incremento de las retribuciones, desde la caja, que no tenía obligación de informar sobre este aspecto al Banco de España, les dijeron que el sueldo de Todó "estaba pactado" y era la “mediana” de las retribuciones que cobraban cargos de estas características en el mercado. El órgano supervisor no tuvo competencias en retribuciones hasta el 2011.
El Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) inyectó en la caja de ahorros, antes de fusionarse con otras entidades, en julio del 2010 1.250 millones de euros y en el 2011, 1.718 millones. El consejo de administración de la entidad aprobó el aumento de la retribución de Todó en dos fases: enero y octubre del 2010. Cuando el FROB entró en la entidad, según los expertos, se consideró que “Todó era parte de la solución” y que su salida de la caja produciría más problemas que beneficios para continuar con el plan de saneamiento previsto.
Entidad "vulnerable"
Según los peritos del Banco de España, la situación de Catalunya Caixa, antes de la fusión, era "vulnerable" por su alta participación en el mercado inmobiliario y por el “exceso” de financiación mayorista exterior, entre otros "desequilibrios", pero, a su vez, “fundamentalmente sólida” para poder salir de la crisis. “No estaba en grado de no retorno”, declararon. Esa fue la razón por la que el FROB se limitó a inyectar fondos públicos y no intervino la caja directamente. Ese dinero púbico, han explicado los expertos, era para que la entidad superara la crisis (se preveían pérdidas de más de 3.000 millones de euros), pero con lo que no contaban es que ese “desierto fuera tan seco y tan largo”.
Sobre el exvicepresidente del Gobierno del PSOE y sobre el exdirector general de Caixa Catalunya pesa la acusación de haber elevado "de manera desproporcionada" sus retribuciones y las de los principales directivos "sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla". Todó, por ejemplo, cobraba 684.713 euros anuales en el 2008 y pasó a tener una retribución de 1,36 millones en el 2010. Los beneficios de la entidad se redujeron progresivamente (493 millones en el 2007, 185 en el 2008, 77 en el 2009), pero los ingresos y dotaciones a planes de pensiones de los directivos aumentaron.
La fiscalía pide cuatro años de prisión para 17 de los 41 acusados, entre los que están Serra y Todó, a quienes atribuye dos delitos de administración desleal, y dos años para otros 24, a los que solo apunta uno de los dos delitos. Ha anunciado que presentará también una alternativa.
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