ERC pide explicaciones a Nadal por no facilitar cambios de potencia eléctrica según la actividad
Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una batería de preguntas en el Congreso por la falta de estacionalidad en la potencia contratada a pesar del mandato expreso del Congreso hace ya un año para cambiar la normativa y permitir su flexibilización.
En este sentido, recuerdan que el Congreso, tras acuerdo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, mandató al Gobierno a adoptar los preceptivos cambios, permitiendo a las pymes y cooperativas modificar la potencia contratada según necesidades de demanda del ciclo productivo.
Así, las empresas distribuidoras estarían obligadas a atender peticiones de modificación de tarifa, modalidad de aplicación y potencia contratada, y en caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podrá modificar voluntariamente la tarifa, la potencia o sus modos de aplicación.
Paralelamente, el Congreso reclamaba la realización de una auditoría del sistema eléctrico para revisar los costes de las redes y permitir una reforma del mercado eléctrico que garantice que la fijación de los precios, señalaba la iniciativa aprobada, "refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables".
¿SABE EL COSTE QUE SUPONE PARA PYMES Y COOPERATIVAS?
Ahora, Esquerra pregunta al Congreso, a través de su Energía, Joan Capdevila, si ha modificado o tiene previsto modificar alguna de las normativas previstas en la proposición no de ley desde la aprobación de la misma, hace ya un año.
Asimismo, pregunta si ha contactado con las empresas del sector eléctrico durante este año para establecer el demandado contrato de potencia estacional y si conoce el impacto económico que han sufrido las pymes y cooperativas durante este año por no disponer de esta herramienta.
QUIEREN QUE COMPAREZCA NADAL POR RENOVABLES Y NUCLEARES
Por otro lado, la formación independentista catalana reclama la comparecencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ante el Congreso para que explique ante la Cámara Baja dos cuestiones.
La primera, el segundo arbitraje internacional que obliga al Estado a indemnizar con 53 millones de euros a un inversor extranjero tras el recorte a las renovables, y la segunda, la planificación del futurible cierre de las centrales nucleares y la correspondiente asunción de costes, "ante el temor de que no exista ninguna previsión ni suficiente reserva de fondos para asumirlo, llegado el caso".
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