VISTA DE MEDIDAS CAUTELARES
El fiscal pide prisión para los seis hermanos Ruiz-Mateos condenados por estafa
Las penas impuestas van de los cinco años y 11 meses a seis años y medio de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado este lunes a la Audiencia de Palma el ingreso en prisión comunicada de los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos, condenados el pasado día 4 por el mismo tribunal por estafa y alzamiento de bienes en la compra de dos hoteles en Mallorca y Las Palmas.
El fiscal Joan Carrau ha solicitado el encarcelamiento de Javier, Álvaro, Alfonso, José María, Pablo y Zoilo Ruiz-Mateos en una vista de medidas cautelares celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de Baleares, que les impuso penas que van de los 6 años y medio a los 5 años y 11 meses de privación de libertad.
El acusador público argumenta que, además de estas condenas, los seis hermanos tienen pendiente un proceso en la Audiencia Nacional en el que se solicita para cada uno 16 meses de prisión y otras dos causas en Palma en las que se enfrentan a peticiones de penas de 4 y 6 años de cárcel. Además ha subrayado que ha quedado probado durante el proceso seguido en la propia Audiencia que los condenados disponen de recursos económicos en Belice y en Suiza, lo que puede suponer un riesgo de fuga si continúan en libertad mientras se resuelve su recurso ante el Tribunal Supremo.
En la vista han comparecido personalmente cuatro de los hermanos Ruiz-Mateos, Alfonso, José María, Pablo y Zoilo, mientras que Javier y Álvaro, que cumplen condenas por otras causas, han declarado a través de videoconferencias.
La Audiencia Nacional juzgará a los Ruiz-Mateos Rivero por estafa, blanqueo y alzamiento de bienes, porque, según la acusación, participaron junto a su padre en la creación y gestión de un sistema piramidal de emisión de pagarés con el que captaron 337 millones de euros de 4.100 particulares que confiaron engañados en su solvencia.
En Mallorca tienen pendientes dos juicios más, con peticiones de condena que suman 10 años para cada uno, por presuntos delitos en operaciones de adquisición de hoteles similares a la que ya les ha supuesto la última condena.
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