La aplicación de la sentencia puede convertirse en un nuevo lío judicial

La aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la retroactividad en la anulación de las cláusulas suelos amenaza con convertirse en un nuevo lío judicial. Mientras el Gobierno intenta lavarse las manos con un código de buenas prácticas voluntario, los jueces han comenzado ya aplicar la nueva doctrina en las sentencias que pronuncia, como ha ocurrido en Oviedo. Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha instado al Gobierno central a ofrecer una solución "extrajudicial" a los consumidores afectados por las cláusulas suelo para que puedan ser devueltas las cantidades cobradas en exceso por parte de las entidades bancarias, ha informado en un comunicado.

Así se ha posicionado después de que TUJE dictaminara el miércoles pasado que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, al haber rechazado que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser "incompleta e insuficiente". 

Los abogados consideran que "el sistema judicial español no puede ser la única vía de resolución de las reclamaciones de los interesados, ni de ninguna manera la forma prioritaria", puesto que obligar a acudir a los tribunales supondría una irresponsabilidad por parte de las entidades bancarias y también de los poderes públicos responsables de proteger al consumidor.

TRIBUNALES DE ARBITRAJE

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha propuesto que sean los tribunales de arbitraje en los que participan los colegios de abogados los encargados de canalizar la ejecución de la sentencia para evitar mayores perjuicios a los afectados y el colapso de los órganos judiciales. La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha recordado en una carta enviada al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que estos tribunales, “neutrales y eficaces”, pueden dar una solución rápida a esta situación porque están “plenamente preparados para resolver en tiempo y forma las diferencias entre bancos y clientes sobre devolución de cuantías afectadas”. De esta forma, se evitarían tanto mayores perjuicios a los ciudadanos como que se sobrecargaran de trabajo los órganos judiciales.

Mientras, los bancos se mantienen en la posición de que sean los tribunales quienes resuelvan caso a caso. De hecho, en la primera sentencia después del fallo del tribunal de Luxemburgo, en la que un juzgado de Oviedo condena al Banc Sabadell a devolver todo lo pagado de más en una cláusula suelo constituida en el 2003, el banco se plantea recurrir la sentencia a instancias superiores.