Madrid pone el foco en las personas con menos recursos
El equipo de Manuela Carmena aparca la venta de vivienda social en favor del arrendamiento
El parque de viviendas de alquiler en Madrid no ha crecido pese a la caída del mercado de venta durante la crisis. El incremento de la demanda y la entrada con fuerza de inversores han alterado el funcionamiento habitual de este mercado y se ha producido un encarecimiento de los precios. Según algunos portales inmobiliarios, la vivienda de alquiler libre se ha encarecido en un año (del tercer trimestre del 2015 al tercer trimestre del 2016) el 14,6%.
En el Ayuntamiento son conscientes de que se puede estar formando una nueva burbuja inmobiliaria. Y un dato para detectarlo es que ha crecido el número de solicitantes porque no pueden acudir al mercado libre. Consideran, no obstante, que el alquiler público no es la panacea para revertir esta situación, sino que debe ser el instrumento para dar una residencia a colectivos con pocos recursos o a jóvenes que no pueden acudir al mercado libre.
Tras el escándalo de la venta de viviendas de alquiler municipales a un fondo buitre bajo el mandato de Ana Botella, asunto que se está dirimiendo en los tribunales, una de las primeras decisiones del gobierno de Manuela Carmena fue eliminar la venta de vivienda municipal y dedicarse exclusivamente al alquiler. Una de las razones por las que se tomó esta decisión es el escaso porcentaje de viviendas de alquiler de la capital, el 1%, según fuentes municipales, frente al 16% de Londres o al 19% de París.
CONDICIONES
Recientemente la corporación ha modificado el reglamento para poder acceder a una vivienda social de alquiler: los ingresos de la unidad familiar no podrán ser superiores a 3,5 veces el IPREM, salvo que la calificación de la vivienda establezca un baremo inferior. "Hasta ahora para solicitar una vivienda social se primaba tener recursos”, señalan fuentes de la empresa municipal de la vivienda (EMVS) y se han dado casos bajo el mandato del PP de que se han adjudicado viviendas a personas con ingresos "más que aceptables".
Para los casos de urgencia, como desalojos por declaración de ruina o por orden judicial, existe un programa de emergencia que permite dotar de una vivienda a familias de forma inmediata y temporal (de entre 3 a 5 meses). Son casas amuebladas y listas para ser habitadas con un coste de 65 euros de cuota alquiler más los gastos de comunidad y los suministros.
El Ayuntamiento no establece bonificaciones de ningún tipo para la vivienda de alquiler social, para ello toma como referencia la renta del solicitante y sus características concretas. Para solicitantes menores de 35 años se tiene en cuenta que los ingresos familiares estén comprendidos entre 0,5 y 1,5 veces el IPREM. Se debe ser residente de la ciudad de Madrid en los dos años anteriores a la solicitud y si no, trabajar en la ciudad al menos desde tres años antes. También cuenta estar inscrito en alguna oficina de empleo de la capital en caso de ser parado.
Para el alquiler en general, los solicitantes también debe residir en Madrid, no ser propietarios de otra vivienda y tener unos ingresos económicos por encima de 0,75 veces el IPREM y hasta un máximo de 3,5 veces.
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