PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EUROPA
España ahorrará 1.000 millones con el cierre presupuestario en julio
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID
El Gobierno español en funciones se ha comprometido ante Bruselas a adelantar el cierre presupuestario al mes de julio (cuatro meses antes de lo habitual) como una medida adicional de control del déficit público con la que España busca convencer a la Comisión Europea para que le no impongan una multa de hasta 2.100 millones de euros. Con esta medida el Gobierno espera ahorrar unos 1.000 millones de euros este año, según ha explicado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en una entrevista en la Cope.
Hasta final de año, el ya escaso margen presupuestario de un Gobierno en funciones (con las inversiones públicas frenadas) se verá aún más restringido pues los pagos se tendrán que ceñir al máximo a atender los gastos corrientes y de funcionamiento -personal, prestaciones, suministros- así como los de carácter financiero (pago de intereses) y a atender las principales obligaciones con el resto de administraciones.
UGT ha cuestionado “la viabilidad y legalidad de esta medida” que “supondrá la paralización de la Administración casi a mitad de año”.
La medida provocará el embalsamiento de un abultado volumen gasto que se trasladará al 2017.
ESCRITO DE ALEGACIONES
La medida de adelanto del cierre presupuestario se anuncia en el escrito de alegaciones que el Gobierno en funciones ha remitido a Bruselas en la noche del miércoles y en el que se recogen los principales argumentos y compromisos que ya había anunciado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, este martes en Bruselas.
Las alegaciones ha sido presentadas dentro del plazo de diez días que se abrió el martes, hasta el 22 de julio, para que España presente argumentos que permitan que la multa aplicada sea de cero euros o, al menos, simbólica.
"Tan pronto se haya constituido el nuevo Gobierno, se adoptará y aplicará una reforma del Impuesto sobre Sociedades, con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros en 2016. Además, se adoptarán medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros) y se adelantará el cierre del presupuesto de 2016 para controlar el gasto público", se afirma en el documento oficial.
EL PROCEDIMIENTO
A finales de mes la Comisión Europea hará pública ya su propuesta de sanción que deberá ser sometida en fechas posteriores a la consideración de los ministros europeos de Finanzas (Ecofin).
También antes de que acabe el mes de julio se espera que la Comisión Europea haya negociado con el Gobierno español en funciones una nueva senda de objetivos de déficit público para el 2016 y el 2017 orientados a que el año próximo el desfase presupuestario de las administraciones públicas se sitúe por debajo del 3% del PIB y, en consecuencia, dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
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