INVESTIGACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El fiscal pide 4 años y seis meses de cárcel para Rodrigo Rato por las tarjetas 'black'
![El exdirector del FMI Rodrigo Rato, el pasado abril.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/ea0c6ab2-633a-4362-a19e-910aa43d09b6_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El exdirector del FMI Rodrigo Rato, el pasado abril. / periodico
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Margarita Batallas
Periodista
MARGARITA BATALLAS / MADRID
Gastaron a todo trapo y ahora se enfrentan a 182 años y cuatro meses de cárcel por haber disfrutado sin ningún tipo de soporte legal de tarjetas black en Caja Madrid y Bankia. El ministerio fiscal reclama a Rodrigo Rato cuatro años y seis meses de prisión, multa de más de 100.000 euros y una indemnización de 2,6 millones de euros por haber mantenido el sistema que ideó su antecesor en la caja, Miguel Blesa, al que el fiscal solicita seis años de prisión, multa de 100.000 euros y una indemnización de 9,3 millones de euros. La fiscalía también acusa a otros 64 usuarios de estas visas. Las black fueron usadas por 88 personas entre el 2003 y el 2012 y su gasto alcanzó los 12 millones de euros.
El fiscal explica, en su escrito de acusación después de que el juez Fernando Andreu cerrase este caso, que Blesa mientras presidió Caja Madrid (1996-2010) "autorizó la entrega de unas tarjetas de crédito, hasta la cuantía que él mismo establecía y con cargo a la sociedad" a los miembros del consejo de administración, comisión de control y a determinados cargos directivos.
Estas tarjetas podían ser usadas "para gastos de libre disposición, personales y ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación" de la caja. De este modo, según el fiscal, "se consagró una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal". Estas visas no estaban recogidas en los estatutos de la entidad ni constaban en los contratos de los usuarios y tampoco contaban con el respaldo de los órganos de administración de Caja Madrid.
Además, las tarjetas se emitieron "al margen del circuito ordinario" de las de empresa de las que también eran titulares los acusados. Blesa encargó la gestión de las black a Ildefonso Sánchez Barcoj que usó a sus secretarias para que se emitieran las tarjetas. La entidad no realizó ninguna retención fiscal y las contabilizó subrepticiamente, ya que los usuarios no tenían que justificar sus gastos. Por ello, el fiscal sostiene que los titulares de las mismas sabían que este sistema de retribución "era improcedente" porque "nunca" lo declararon a Hacienda.
CONTINUIDAD
Cuando Rato llegó a la presidencia de Caja Madrid en el 2010 mantuvo este sistema y se quedó con una de ellas. Después ya en Bankia permitió que los consejeros de la caja siguieran disfrutando de las black. Por ello, el fiscal le acusa "de haber trasladado una práctica que no tenía soporte legal" a las otras seis cajas que se fusionaron para dar lugar a Bankia.
Este sistema terminó en el 2012 cuando Juan Ignacio Goirigolzarri llegó a Bankia y en una auditoría interna aparecieron. El banco denunció los hechos y el juez Andreu abrió una pieza separada en el caso Bankia en el que interrogó a todos los usuarios, aunque archivó el caso a 14 de ellos por prescripción.
La fiscalía imputa a los acusados un delito de apropiación indebida, pero rebaja la pena a 11 de ellos al aplicarles la atenuante de restitución porque han devuelto todo o una parte del dinero que gastaron con las black. El fiscal solicita para 20 de los acusados cuatro años de prisión, para otros 18 dos años y medio, a otros 12, dos años y al resto penas que oscilan entre un año y los tres años de prisión. El exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga se enfrenta a cuatro años de prisión y el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno a dos.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Bankia y BFA han solicitado para Rato una pena de tres años de cárcel. El FROB pide la mayor pena, que alcanza los cuatro años y nueve meses de cárcel, para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, mientras que solicita dos años y nueve meses para Sánchez Barcoj. Este organismo les atribuye delitos de administración desleal y apropiación indebida, mientras que reclama penas, que oscilan entre los seis meses y los tres años de cárcel, para el resto de acusados por apropiación indebida en grado continuado.
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