PLAN DEL EJECUTIVO PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Reformas en lista de espera
El Gobierno prevé liberalizar sectores como las funerarias o las ITV antes de acabar la legislatura actual Muchos cambios llevan años de retraso y topan con lobis y competencias autonómicas
Más sobre lo hecho que sobre lo que está por hacer. El Programa Nacional de Reformas Reformas remitido por el Gobierno del PP a Bruselas incluye muchas descripciones sobre las medidas llevadas a cabo desde el inicio de la legislatura y muchos compromisos de «seguir» y «continuar» con las ya emprendidas.
Pero también hay algunos compromisos, aunque en su mayoría antiguos, en el capítulo destinado a abrir el mercado. El objetivo teórico es romper los mecanismos que frenan la competitividad y que el gurú económico de Ciudadanos, Luis Garicano, incluye dentro del «capitalismo de amiguetes» y que Ángel Pascual-Ramsay y Andrés Ortega en su libro Qué nos ha pasado. El fallo de un país (Galaxia Gutenberg, 2012) consideran que actúan «en connivencia opaca e ilícita con el sector público».
Dentro de este apartado se propone liberalizar, por ejemplo, sectores como la inspección técnica de vehículos (ITV) o los servicios funerarios. En el primer caso, el Ejecutivo vuelve a sacar del cajón un proyecto de real decreto para modificar la regulación del 2008 sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las ITV.
En el plan remitido a Bruselas afirma que el texto, paralizado desde hace un par de años, podría aprobarse «previsiblemente» en noviembre de este año, justo en tiempo de descuento porque las elecciones generales serán entre otoño e invierno. Al igual que con esta cuestión, la apertura de otros sectores tropieza no solo con los intereses de lobis y colectivos que tienen una situación de dominio en el mercado sino con las competencias de las comunidades autónomas.
Es lo que sucede con los servicios funerarios, para cuya liberalización está previsto un anteproyecto de ley destinado a la «flexibilización de requisitos y eliminación de cargas y restricciones, incluidas las territoriales» en la prestación de este tipo de servicios. O lo que ocurrió con la reforma de los colegios profesionales, anunciada a bombo y platillo hace dos años, y que está perdida entre carpetas en el Ministerio de Economía, tras haber previsto aprobarla en el 2014.
La Generalitat se apresuró a modificar la normativa autonómica sobre la materia para delimitar claramente sus competencias después de que el Gobierno del PP aprobara el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales, en agosto del 2013, «en primera vuelta», según la terminología incluida en el programa de reformas.
Además, distintos colectivos profesionales, como abogados, arquitectos o ingenerios pusieron el grito en el cielo y manifestaron su oposición frontal. Uno de los últimos trámites fue el dictamen del Consejo de Estado en marzo del año pasado. La intención ahora es aparcar el problema. Por ello los próximos pasos serán actualizar la información sobre las profesiones y analizar la regulación nacional y de otros países comunitarios. El objetivo ahora es que los trabajos duren al menos hasta el año que viene, según el programa.
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