Europa reprende a España por la facilidad de las empresas para despedir y le insta a dificultarlo

El Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido una resolución mediante la que reprende a España por carecer de un sistema de indemnizaciones por despido que proteja a los trabajadores ante ceses improcedentes y disuada a las empresas de ejecutarlos. Así lo ha adelantado este lunes en rueda de prensa UGT, el sindicato cuya denuncia ha motivado esta resolución. Desde la central instan al Gobierno a que modifique la normativa para mejorar la protección de los empleados, algo que tiene contemplado la coalición en su programa electoral.

El organismo europeo hará pública, presumiblemente, el próximo lunes su resolución. Un fallo que, según defienden desde UGT, tiene carácter vinculante para el Gobierno español y obligará al mismo a elevar las reparaciones para "cubrir los daños causados a la víctima". Según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Trabajo, la indemnización media por despido en España asciende a 8.251,4 euros.

Son varios los tribunales que, antes incluso de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, ya estaban aplicando jurisprudencia europea para elevar el importe de las indemnizaciones en determinados casos. Pionero fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligó a una empresa a abonar un dinero adicional a un trabajador cesado, al considerar que el importe que le tocaba por ley era "insignificante". Dicho empleado tenía derecho a una indemnización de 941,78 euros y el tribunal se la elevó a 4.435 euros.

En España la reforma laboral del PP del 2012, entre otras cosas, rebajó el coste del despido por dos vías. Por un lado, disminuyó el importe de las indemnizaciones por cese improcedente, pasando de los 45 días por año trabajado a los 33 días, con tope ahora de 24 mensualidades.

Un despido impugnado tarda año y medio en llegar a juicio en Catalunya

Por el otro, suprimió lo que se denomina "salarios de tramitación", que obliga a la empresa a abonar el salario que un empleado debería haber percibido desde el momento en el que fue cesado y hasta el momento en el que es readmitido tras sentencia judicial. Una cuantía hoy en día no menor, dado que el tiempo medio entre que un trabajador presenta denuncia ante juzgado y este resuelve es de año y medio en Catalunya. Es decir, si ahora rigieran los salarios de tramitación, ese trabajador se llevaría un año y medio de sueldo, además de las indemnización pertintente.

El coste del despido, uno de los pilares de la reforma laboral del PP, no fue conscientemente abordado en las negociaciones para la reforma laboral del 2021. La patronal puso como condición 'sine qua non' no tocar este punto si el Gobierno quería su apoyo a la norma. No obstante, la UGT no renunció al mismo y por ello presentó recurso ante los organismos europeos, avalado por fallos similares previos en Francia e Italia.

División en el Gobierno

La resolución del CEDS insta al Gobierno a modificar la actual normativa, si bien dentro de la coalición no todos defiende la misma línea de actuación. En marzo del año pasado UGT ya denunció que el Gobierno había presentado alegaciones ante Europa defendiendo la arquitectura normativa heredada del PP.

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"El Gobierno de España considera que el sistema español de protección al trabajador que ha sido despedido de manera 'ilícita' [...] provee una indemnización adecuada, y articula en cualquier caso un mecanismo de reparación que resulta apropiado", afirmó el Ejecutivo en un escrito elaborado por el Ministerio de Justicia, dirigido por el PSOE.

En cambio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es partidaria de adaptar la normativa española y establecer un 'despido restaurativo', es decir, una especie de despido adaptado a las necesidades del cesado. Es decir, dar una mayor protección a aquellos colectivos más vulnerables, como personas con dificultades para encontrar un nuevo trabajo por su edad o progenitores que si se quedan en la calle cortan la única o principal vía de ingresos de sus familiares.

Ahora el Ejecutivo deberá decidir cómo modificar la norma para adaptarla a los estándares europeos. En su acuerdo de Gobierno figura el siguiente compromiso: "Establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".

El Ministerio de Trabajo, una vez concluya las actuales conversaciones para reducir por ley la jornada laboral, abordará esta cuestión con patronal y sindicatos. "Va a ser susceptible de reforma, y que además lo será como siempre en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea", ha afirmado, a preguntas de los periodistas, este lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.