ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y CORRUPCIÓN
La jueza del 'Barçagate' imputa al consejero delegado y al jefe del servicio jurídico del club
La togada también cita a declarar a administrador de empresas contratadas por Bartomeu para difamar a opositores y jugadores
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La jueza que investiga el 'Barçagate', Alejandra Gil, ha citado a declarar en calidad de imputado para el próximo 7 de junio al CEO del FC Barcelona, Óscar Grau, y al jefe del servicio jurídico, Román Gómez Ponti, que fueron detenidos por los Mossos el pasado 1 de marzo junto al presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, y la que fuera su mano derecha, Jaume Masferrer, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Grau y Gómez Ponti fueron puestos en libertad por la policía el mismo día de su arresto, mientras que el exmandatario y su segundo fueron trasladados ante la magistrada, se acogieron a su derecho a no declarar y también están libres. Están acusados de un delito de administración desleal y otro de corrupción entre particulares.
Los Mossos atribuyen a Bartomeu y los otros tres detenidos haberse extralimitado "en sus poderes de administración de patrimonio" del Barça al contratar a una serie de empresas de un mismo grupo (Nicestream) para difamar a jugadores y opositores de la anterior junta directiva. La policía sostiene que el club pagó un sobreprecio por esos servicios y calculan el perjuicio causado a la entidad y al conjunto de la masa social en una cifra entre 843.000 y 1,2 millones de euros. En este sentido, la togada también ha citado a declarar como investigado a Carlos Rafael Ibáñez, el administrador de algunas de esas compañías, entre ellas I3 Venture. La jueza sostiene que los contratos se fraccionaron en partidas de 200.000 euros, a pesar de que era el mismo encargo y servicios, para eludir los sistemas de control y fiscalización internos de la entidad.
Ordenadores y teléfonos
Por otra parte, la policía ya ha volcado el contenido del ordenador portátil, el teléfono móvil y la tableta entregados a los agentes por Noelia Romero, la 'compliance office' del club encargada de supervisar el cumplimiento normativo en la institución y que fue despedida tras haber investigado el 'Barçagate'. Los agentes han ordenado la información que había en estos dispositivos. Los Mossos, asimismo, han solicitado al juzgado autorización para acceder al contenido de los aparatos incautados a Bartomeu, Masferrer, Grau y Gómez Ponti.
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