El Gobierno aprueba renovar el Sistema Arbitral de Consumo, ¿qué cambia a partir de ahora?

¿Qué es el Sistema Arbitral de Consumo?

Consumo lo define como un sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y las empresas o profesionales. Es decir, una fórmula para evitar tener que acudir a los tribunales cuando hay un desencuentro entre las dos partes. De este modo, ambas se encomiendan voluntariamente a un órgano arbitral (habitualmente autonómico o municipal), aceptando, de entrada, acatar la decisión final que tome al respecto este mediador. Sus ventajas son la velocidad –un proceso se puede dilatar como mucho seis meses–y la gratuidad del servicio. Sus desventajas, que las empresas tienen que adherirse voluntariamente al Sistema, y, evidentemente, muchas no están inscritas en él.

¿Qué se propone el Ministerio?

La idea es, esencialmente, digitalizar todo lo que se pueda el servicio para convencer a mucha más gente de recurrir a él. "Agilizar el procedimiento" y "actualizar las deficiencias que se han encontrado para su correcto funcionamiento en los últimos años", simplifican fuentes del ministerio. "Si bien cada Junta Arbitral (autonómica o municipal) tramita sus procedimientos de forma autónoma (por lo que no existe una página web única del Sistema Arbitral), lo que se pretende es que la digitalización opere en todo el sistema", cuentan estas mismas fuentes.

¿Qué cambia, a la práctica?

En un comunicado, el departamento menciona la posibilidad de realizar las solicitudes de forma 'online' (que, en algunas de estas juntas aún no es posible), que las notificaciones puedan recibirse también a través de internet o que incluso se puedan llevar a cabo audiencias mediante videoconferencia. Fuentes del ministerio añaden a esta lista la automatización de determinados trámites no decisorios, por ejemplo. "Desde el Ministerio se está ultimando, gracias a los fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una aplicación que facilite esta automatización", confiesan.

¿Qué resultados se esperan?

Principalmente, convertirlo en un sistema mucho más cómodo y que se acorten todavía más los 'tempos' llegando a cumplir con el plazo de 90 días máximo para la resolución de un conflicto. "Si bien el sistema es actualmente un gran medio para que los consumidores puedan hacer valer sus derechos, se considera que no ha alcanzado todavía su máximo potencial, principalmente por desconocimiento de los consumidores", reflexionan estas fuentes. Al seducir a más gente, también esperan que más empresas se vean empujadas a adherirse al sistema. Lo que prometen, a esta bancada, es una reducción "importante" de los costes en términos de litigiosidad.

¿Qué empresas están adheridas ya al Sistema Arbitral de Consumo?

En el listado actual figuran unas 800 compañías, de las 3,2 millones de empresas activas hoy en día en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Algunos nombres conocidos son Audax Renovables, Carglass, Endesa, Factor Energia, Fujitsu, Iberdrola, LG Electronics, Telefónica o Vodafone.

¿Cuando tendría que estar funcionando todo esto?

Estas nuevas condiciones tendrían que entrar en vigor en un máximo de 90 días, solo para las nuevas solicitudes de arbitraje. Sin embargo, desde Consumo admiten que todo dependerá del grado de digitalización previa de cada junta. Precisamente para resolver este escollo, parte del plan implica la cesión de equipos informáticos a estos organismos autonómicos o municipales para acelerar el proceso.