El auge de la seguridad privada se consolida en las fiestas mayores de los municipios catalanes

Es habitual que los ayuntamientos refuercen la presencia policial en eventos especiales como las fiestas mayores, que suelen congregar, además de a los vecinos de la misma localidad, a residentes de los municipios cercanos. Pero pequeñas y medianas urbes de Catalunya, que cuentan con un menor número de agentes de Policía Local —o incluso no tienen— admiten que, en los últimos años, han aumentado también el gasto en seguridad privada para este tipo de eventos.

Varios sindicatos policiales coinciden en resaltar el aumento progresivo de la demanda de seguridad privada por parte de los consistorios. El mismo Síndic de Greuges de Catalunya ya advertía en un informe de 2017 que la seguridad privada iba ganando terreno en el ámbito local y que, si años atrás los vigilantes de seguridad “solo estaban en ciertos lugares”, han ido aumentando su presencia en la vida cotidiana.

Más allá de esta tendencia general, varios pueblos del área de Girona, los Pirineos o Lleida afirman haberse visto obligados a reforzar la seguridad privada en las fiestas después de varios incidentes provocados por grupos violentos que "iban a reventar" las fiestas.

"Antes había incidentes cuando alguien llevaba una cerveza de más, pero ahora va más allá. Salen a pegar y a hacer daño y lo que no puede ser es que no se pueda garantizar la seguridad a la juventud”, declaraba hace unas semanas la alcaldesa de Amer, Maria Rosa Vila. Planes d'Hostoles, La Bisbal del Penedès, la Granada, Alcarràs, Santa Coloma de Cervelló o Figueres, en su Festival Acústica, son otras de las localidades que en los últimos meses o años han fortalecido la vigilancia privada en sus fiestas para prevenir incidentes.

También en Barcelona y su área metropolitana

Aunque son principalmente pequeños consistorios de la Catalunya interior los que certifican el aumento de seguridad privada, el fenómeno también se ha consolidado en el área de Barcelona. De hecho, la capital catalana ha hecho también un refuerzo extraordinario en seguridad privada para las Festes de Gràcia y ha aumentado su presupuesto en esta materia de cara a las fiestas de la Mercè.

En la vecina Santa Coloma de Cervelló, Jordi Bartolomé, primer teniente de Alcaldía y concejal de Seguridad, lamenta que, hace unos años, contrataban menos seguridad privada, pero que, ahora, se ven forzados a que el presupuesto de cultura crezca más por esta parte que por los propios actos. “Querríamos contratar más cultura, pero la seguridad privada cada vez nos requiere más”, dice Bartolomé, quien apunta que, aunque en la localidad no han sufrido “ningún accidente grave”, han reforzado la presencia de estos cuerpos para “evitar actos incívicos”. Santa Coloma de Cervelló es, además de la capital catalana, una de las 10 localidades de Barcelona y sus regiones metropolitanas que, a fecha de 15 de agosto, había pedido autorización para prestar un servicio de vigilancia y protección privada en vías o espacios públicos o de uso común con motivo de las fiestas mayores de verano de este año.

Otras ciudades de la lista contactadas por este diario, como Sant Cugat de Sesgarrigues, Sant Quirze del Vallès o el Masnou, apuntan sin embargo que no han experimentado por el momento un incremento de vigilancia privada. Así, señalan que sus contrataciones se derivan, principalmente, de los supuestos marcados por la Llei d’Espectacles. De hecho, el Departament d’Interior apunta que, en términos generales, las solicitudes para contratar seguridad privada complementaria a las fuerzas policiales “no han aumentado específicamente” en los últimos años.

En Barberà del Vallès, Daniel González, también primer teniente de Alcaldía y concejal de Seguridad, afirma que en el municipio no han aumentado la contratación de seguridad privada, pero que solicitan permiso a Interior porque la suya es una Fiesta Mayor con “mucha participación de las entidades” y con “muchos puntos a la vez”. Por ello, sigue, contratan siempre seguridad privada porque no pueden tener policía estática en cada rincón y “sacrificar a la Policía Local en los puntos calientes”.

Sanciones de hasta 30.000 euros

Aun así, tras las voces de ayuntamientos que dicen aumentar sus presupuestos en seguridad privada, el Departament d’Interior recuerda que, aunque la legislación deja margen a excepciones, en aquellos supuestos en los que la contratación de esta vigilancia tenga por objeto la protección de un acontecimiento que se desarrolla en espacios públicos, como por ejemplo las fiestas mayores, se requiere de una autorización previa de Interior.

“En caso de que los agentes policiales detecten carencia de autorización se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador por infracción prevista en la Ley de Seguridad Privada”, apuntan fuentes del Departament, que añaden que las sanciones pueden oscilar entre los 3.001 y los 30.000 euros.

Sindicatos

Sindicatos policiales consultados sobre la presencia de las seguridad privada en las fiestas locales, apuntan que sí que han visto cierto aumento, y que la coordinación “es buena”, dado que “todo el mundo sabe lo que tiene que hacer”, señalan fuentes de USPAC. Álex Payán, portavoz de SIP-FEPOL, explica que las diferentes secciones territoriales de la organización coinciden en resaltar la presencia de vigilancia privada, aunque esta “no asume funciones o competencias de la policía en las fiestas”.

Pese a ello, Payán sí que critica que aumente la contratación de seguridad para fiestas mayores, mientras se mantienen plantillas policiales “pobres” en efectivos. Así, indica que algunos entes locales han encontrado una “fórmula de oro”, dado que sale más barato contratar temporalmente vigilancia privada que incorporar nuevos agentes de policía. “Al final, si hay una gran pelea y ahí hay vigilantes de seguridad, ahí no hay nadie. Porque nadie se va a meter por 1.200 euros a partirse la cara”, comenta Payán, quien añade también que, además de la falta de agentes, las plantillas policiales se encuentran “envejecidas” y que, si se tiene en cuenta que parte agentes están destinados a tareas de oficina, “en la calle al final no tienes a nadie”.

Por su parte, Sergio Sánchez, asesor de ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya, también coincide en que ha habido un aumento de demanda de los consistorios de cara a la vigilancia privada, y advierte de que los entes locales contratan sin un criterio muy definido y ponen el número “mínimo” de vigilantes para los actos. Además, si los policías critican que los consistorios contratan vigilancia privada para ahorrar costes, Sánchez también apunta a un creciente intrusismo por parte de empresas de controladores que terminan ejerciendo de vigilantes de seguridad, pero que cuentan con menor formación y preparación que estos últimos. “Se escudan en que, 'como no hay vigilantes, te contrato a cualquiera'”, asevera.

Sánchez insta también al nuevo Departament d'Interior a mantener un mayor diálogo con los consistorios y establecer directrices concretas a la hora de contratar seguridad privada, así como sugiere la posibilidad de que sean los Consells Comarcals los que se ocupen de la contratación de vigilancia para las fiestas mayores, de modo que se haga con números y criterios similares para cada municipio de la comarca.

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