Barcelona redobla la ofensiva a las mafias de pisos turísticos ilegales con una macroinspección a 134 pisos sospechosos

Barcelona pasó de contar con más de 6.000 pisos turísticos ilegales en 2016 a detectar 'solamente' entre 300 y 400 anuncios mensuales de este tipo, según datos recientes. Pero más allá de las irregularidades que se persiguen de forma continuada para su erradicación, el ayuntamiento ha puesto el foco este verano en redes mafiosas que operan en muchos casos decenas de viviendas sin permiso de actividad y que vulneran también otras normativas. Como resultado, el pasado julio se realizaron dos inspecciones intensivas en un total de 134 pisos sospechosos, la mayoría en Ciutat Vella y el Eixample, con el resultado de 75 casos confirmados, 8 de los cuales ya han llegado a la fase administrativa final de precinto. En otros 43, no se pudo acceder o no se localizó a turistas en dicho momento, por lo que se repetirán los controles. La primera teniente de alcalde de Urbanismo Laia Bonet explica que de las 38 redes mafiosas que el consistorio había ido detectando, 22 han dejado de operar. Los esfuerzos conjuntos con otras administraciones y cuerpos policiales se centran ahora en desmantelar a las otras 16.

El objetivo es recuperar el máximo de viviendas para uso de residencia habitual, añade Bonet, quien recuerda que el alcalde Jaume Collboni se ha comprometido el próximo año a doblar los recursos destinados a inspecciones contra pisos ilegales, colaborando entre administraciones a nivel internacional, estatal, autonómico y local, para compartir datos y herramientas. La lucha contra la actividad fuera de la ley ha sido una constante en los últimos años, aunque el reto se ampliará a medio plazo, dado el reciente anuncio del alcalde de extinguir en 2028 las licencias de los más de 10.101 pisos turísticos legales registrados a día de hoy y de evitar que después prolifere la previsible actividad clandestina. "El ayuntamiento es contudente e inflexible" para recuperar viviendas ante la crisis habitacional, máxime si son ilegales, subraya.

En esa coyuntura, el control ordinario de los servicios municipales de inspección contra la ilegalidad suma en lo que va de este año 1.214 intervenciones, con el resultado de 944 órdenes de cese (corresponden cada uno a un piso) de la actividad no autorizada y 491 expedientes sancionadores incoados.

Dos campañas a varias bandas

A sabiendas de que la actividad ilegal organizada lleva años lucrándose en Barcelona (tanto con pisos comprados para ese fin sin permiso, como inmuebles que se alquilan para larga duración y fraudulentamente se utilizan para alojar turistas por días), el consistorio ha apostado por redoblar la ofensiva con dos campañas intensivas de este verano. La práctica totalidad de los 134 pisos inspeccionados "se vinculan a mafias o redes organizadas que actúan bajo diferentes formatos y modalidades". El ayuntamiento cree que los grupos multiinfractores se han "profesionalizado" en los últimos años, una vez que la actividad ilegal de propietarios particulares se ha ido erradicando a fuerza de sanciones y precintos.

La primera teniente de alcalde apunta que estas redes suelen mover grandes cantidades de dinero y su modus operandi incluye distintos tipos de delito que van más allá de la actividad turística ilegal. Como por ejemplo, la evasión fiscal y/o el fraude fiscal (cobran tributos de forma fraudulenta), la no comunicación a la Dirección General de la Policía de las personas que alojan, utilizar documentación falsa para los contratos, engañar a los propietarios del inmueble (incumpliendo contratos de alquiler), causar daños en los espacios comunes de los edificios, o provocar molestias vecinales, entre otras.

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Ante esa complejidad, ahora se ha actuado en colaboración con la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, Inspección de trabajo, informes del Incasòl, el Instituto Municipal de Hacienda, la Agència Tributaria de Catalunya y la estatal. Esa coordinación facilita recopilar información para trasladar a los juzgados o iniciar otras investigaciones, destaca el ayuntamiento.

En concreto, del 1 al 5 de julio, los inspectores municipales fueron de la mano de los Mossos, que peinaban viviendas de toda Catalunya para comprobar la notificación de las pernoctaciones. En Barcelona centraron el tiro en Ciutat Vella y los pisos sin licencia que estaban bajo sospecha, casi todos vinculados con grupos profesionalizados.

Poco después, junto a técnicos de los distintos distritos, Guardia Urbana e Inspección de Trabajo, hubo controles simultáneos en pisos de dos redes concretas que operan con hasta 90 pisos que han alquilado para explotarlos turísticamente en los barrios de la Dreta de l'Eixample, Antiga Esquerra de l'Eixample, la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, Sant Gervasi-Galvany, el Gòtico, el Rabal, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Horta y la Font d'en Fargues.

El balance final de ambas fue de 75 pisos con actividad turística ilegal (algunos con expedientes ya en curso), 8 de los cuales sumaban ya un proceso previo que ha permitido ejecutar su precinto final, añade Albert Tomàs, uno de los responsables del equipo municipal de inspecciones. En todos se están realizando procedimientos disciplinarios y sanciones que irán de los 60.000 a los 600.000 euros.

Del resto, se pudo comprobar que 16 eran pisos turísticos donde hubo actividad ilegal pero ya no operan, mientras que en 23 no se pudo acceder y en otros 20 ese día no había turistas alojados. No obstante, Bonet asegura que los controles se repetirán dados los indiciones de ilegalidad que aprecia el consistorio y con el reto de la "tolerancia cero".

Trabajo de largo recorrido

Las cifras acumuladas hablan por sí solas. De las 16 redes que siguen operando, una decena son todavía muy activas, mientras seis tienen poca actividad, precisa la concejala. En total, a estos multiinfractores ya se les ha abierto expedientes por actividad de alojamiento turístico sin licencia en 812 pisos y se le ha impuesto 386 multas y 49 órdenes de cese

El repertorio de infracciones de ámbito municipal es variado: el ayuntamiento incluso ha llegado a detectar que en 19 pisos se habían hecho obras para suprimir el comedor y ganar más habitaciones para alquilarlas, así como casos en que los turistas dicen haber abonado la tasa turística al entrar en los pisos, pese que al ser ilegales este importe jamás se reintegra a las administraciones correspondientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, si se echa la vista hasta 2016, el ayuntamiento destaca algunas cifras en estos años: la friolera de 10.987 sanciones y 10.625 órdenes de cese, que, como ya se ha explicado anteriormente, han devuelto al mercado residencial un total de 3.628 viviendas.