Las nuevas ZBE catalanas entran en vigor: vetarán en 2028 a todos los vehículos con etiqueta amarilla

Se cierra definitivamente el círculo de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) catalanas. El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha aprobado este martes su decreto del 'Pla de Qualitat de l'Aire, horitzó 2027', último trámite después de que la regulación pasara por el Consell Tècnic y el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que realizó un informe favorable. El Govern había blindado antes de las elecciones catalanas poder aprobar en funciones la normativa, que entrará definitivamente en vigor cuando se acabe publicando en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en los próximos días.

Durante las últimas semanas, el texto ha pasado también por las manos de la comisión jurídica asesora para que los sectores contrarios que se planteen llevarlo ante la justicia no encuentren rendijas legales a las que agarrarse. "El redactado aporta seguridad jurídica a los municipios afectados", defiende Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental.

Los coches con etiqueta amarilla no podrán entrar en las ZBE catalanas a partir de 2026 durante los días de aviso por contaminación

Las principales novedades en torno a las ZBE seguirán siendo las mismas que ya había adelantado este diario después de que el Govern flexibilizara las medidas tras las críticas de grandes ciudades catalanas. En cuanto a la novedosa restricción a vehículos con 'etiqueta ambiental B' (amarilla), las fechas clave en ciudades de más de 50.000 habitantes serán dos: el 1 de enero del 2026, cuando los 'etiqueta amarilla' no podrán circular por las ZBE de los municipios los días de avisos por contaminación de NO2; y el 1 de enero del 2028, momento en que la prohibición se extenderá a todos los vehículos con distintivo amarillo en las ciudades. La primera fecha equivaldrá, en municipios de más de 20.000 habitantes, al inicio del veto a vehículos sin etiqueta ambiental (los más contaminantes), mientras que la segunda fecha corresponderá a la restricción a los 'etiqueta amarilla' en episodios de polución.

Por otra parte, el nuevo decreto catalán de ZBE permitirá también configurar ZBE supramunicipales que tomen como modelo de referencia la pionera ZBE Rondas Barcelona, hecho que relajará la exigencia de que la ZBE deba cubrir el 25% de superficie mínima de suelo urbano residencial, que hasta la fecha se exigía ciudad por ciudad y a partir de ahora podrá computarse en el global del área supramunicipal que se conforme.

El Govern blinda que sus nuevas ZBE se aprueben justo después de las elecciones catalanas

Este tipo de regulaciones coordinadas supramunicipalmente —por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por ejemplo— deberán tener especialmente en cuenta las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, tal y como avanzó este diario, han desmontado recientemente la ZBE de las rondas de Barcelona al dejar sin efecto las restricciones en L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat y anular las ordenanzas de estas dos ciudades además de Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, siguiendo los pasos de Barcelona en su momento. El Departament d'Acció Climàtica ha estudiado al milímetro las exigencias de las resoluciones judiciales a la hora de elaborar su nueva norma.

Una de las disposiciones transitorias del nuevo decreto del Govern prevé que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que ya tengan a estas alturas ordenanzas aprobadas deberán adaptarlas antes del 1 de enero del 2026. El plazo no aplicará para los consistorios que todavía tengan pendiente sacar adelante por primera vez un reglamento de ZBE, que deberá basarse en las prescripciones del nuevo decreto catalán desde la publicación de este en el DOGC. En cualquier caso, el decreto estatal de ZBE ya prevé desde el 29 de diciembre del 2022 la obligatoriedad de una ZBE permanente en municipios de más de 50.000 habitantes, con un plazo de gracia de 18 meses para adaptar ordenanzas aprobadas previamente.

Lluvia de alegaciones de grandes ciudades del área de BCN contra la norma catalana de Zonas de Bajas Emisiones: "Es un despropósito"

La contienda Govern-ayuntamientos

El epílogo de la tramitación de las nuevas ZBE catalanas estuvo marcado por la contienda abierta entre Govern y ayuntamientos, que se saldó con reuniones durante el pasado mes de marzo entre la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Mireia Boya, y representantes tanto del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como del Arc Metropolità de Barcelona, las dos entidades supramunicipales que esgrimieron alegaciones críticas de las grandes ciudades del entorno de la capital catalana.

La flexibilización de la norma catalana fue confirmada a este diario por Boya, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat: el ejecutivo catalán aceptó e integró el 72% (el 43% de forma total y el 29% de forma parcial) de las alegaciones formuladas por el Arc Metropolità y el 83% (el 48% de forma total y el 35% de forma parcial) de las esgrimidas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Fuentes del Departament aseguraron priorizar la "búsqueda del máximo consenso de las ciudades para reducir al 50% la contaminación en ocho años". 

Pese a las evidentes tensiones entre algunos municipios, especialmente los del Vallès (Sabadell, Terrassa, Rubí o Granollers), y el ejecutivo catalán, de los citados encuentros trascendió la aceptación de buena parte de las alegaciones que ya avanzó este diario, basadas en el retraso de un año a las restricciones en las ZBE a vehículos con etiqueta amarilla o la relajación de la superficie de suelo urbano residencial que afecta a restricciones ante la posibilidad de configurar ZBE supramunicipales.

Hasta la concesión del Govern, las ciudades más beligerantes fueron las del Vallès, que explicitaron su primer rechazo a finales del pasado 2023 a través de los ayuntamientos de la asociación Arc Metropolità, integrada por importantes municipios catalanes como Sabadell, Terrassa, Mataró o Rubí. "El decreto es un despropósito y desde el Arc Metropolità manifestamos nuestro contundente rechazo, ya que se está impulsando sin tener en cuenta al municipalismo y con medidas de dudosa eficacia", afirmó a este diario Ana María Martínez (PSC), alcaldesa de Rubí y presidenta de la asociación de localidades de la segunda corona metropolitana.

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