Menos del 3% de los municipios catalanes tienen planificado cuándo retirará el amianto

Menos del 3% de los ayuntamientos catalanes ha elaborado el calendario exigido por ley para planificar la retirada del amianto, que debe desaparecer de los edificios públicos antes de 2028 y de propiedades privadas antes de 2032, como la Unión Europea requiere. Solo 27 municipios han concretado a la Generalitat cuándo prevén deshacerse por completo del material peligroso, capaz de provocar enfermedades respiratorias crónicas y cánceres incurables al deteriorarse. Los datos figuran en un informe de la Síndica de Greuges, elocuente sobre las insuficiencias que complican cumplir los plazos marcados y acabar con la amenaza que la sustancia aún dispersa supone para la salud.

“Pese a que la mayoría de municipios tiene amianto, solo un 2,9% de las poblaciones de Catalunya presentaron el calendario de retirada”, estima el estudio firmado por la defensora del pueblo catalán, Esther Giménez-Salinas. Asimismo, ninguna localidad entregó el censo obligatorio de amianto ni el calendario de retirada al Govern antes de la fecha límite, que venció en abril de 2023. Desde entonces, en torno a una cuarta parte ha notificado sus inventarios, aunque un buen número eran incompletos, como informó EL PERIÓDICO.  

La Síndica concreta que 259 ayuntamientos han cuantificado el asbesto localizado en sus términos municipales, según registros de la Generalitat actualizados hasta este julio. Representan el 27,3% de las localidades de Catalunya. No obstante, hay censos poco creíbles, lo que revela la dificultad de confeccionarlos. 

Muestra de ello es que 51 municipios aseguran estar libres de amianto, pero el visor de la Generalitat los desmiente: nutrido a base a información brindada por vuelos de cámaras y sensores, el mapa localiza techos de fibrocemento -fabricados con el componente nocivo- en casi todas las 947 poblaciones de Catalunya, excepto en Renau (Tarragonès) y Caldes d’Estrac (Maresme). No obstante, el Govern ha constatado después que en esa localidad de la costa de Barcelona sí perdura aún el material condenado a ser eliminado.   

Deslealtad institucional

La Síndica de Greuges no culpa a los ayuntamientos por el retraso en aportar la documentación para proyectar la erradicación del amianto, sino que tira de las orejas al Gobierno central. No en vano, una ley estatal de 2022 dictó que el censo y el calendario para desprenderse del mineral insalubre debían estar listos un año más tarde.

Un bosque con 2.000 árboles enterrará el amianto y los residuos peligrosos de Catalunya

El informe reprocha una “cierta falta de lealtad institucional” al ejecutivo de Pedro Sánchez por fijar un “plazo casi imposible de cumplir”. Agrega que la norma “no dotó a los ayuntamientos de recursos (ni técnicos, ni materiales ni económicos) para dar cumplimiento a esta obligación”.  

“Muchos municipios nos han informado de las dificultades que tienen y de la falta de medios para dar cumplimiento efectivo a esta obligación”, recalca la Síndica. En ese sentido, observa que las administraciones locales “no tienen suficiente capacidad económica ni técnica para afrontar un reto de estas dimensiones” sin respaldo de instituciones superiores.

De no recibir auxilio, avisa que “el hecho de que elaboren el censo y el calendario de forma incorrecta o insuficiente hace del todo ineficaz el esfuerzo". Añade que "malbarata un tiempo necesario para alcanzar el compromiso de retirar todo el amianto en 2032”. A su vez, el informe urge a una “actuación decidida de todas las administraciones” y les llama a cooperar, a lo que apostilla una carga de profundidad: “Las personas expuestas al amianto son las principales perjudicadas ante la inactividad de las administraciones” y  Giménez-Salinas ha reiterado que es un problema "que nos afecta a todos".

Un “riesgo real”

El informe ‘La retirada del amianto en Catalunya’ reitera que el material “ha de ser retirado” en su totalidad porque implica un “problema grave tanto desde el punto de vista laboral y ambiental como de salud pública”. “La ciudadanía convive con amianto que, en muchas ocasiones, ya ha agotado su vida útil y, por lo tanto, supone un riesgo real para su salud”, avisa.

En la misma línea, la Síndica subraya “la necesidad de priorizar la retirada del amianto en escuelas y entornos escolares”. “De la misma manera que los niños y los adolescentes son más vulnerables a la contaminación atmosférica, también lo son a la presencia del amianto y, en consecuencia, son población de riesgo”, alega. El Departament d’Educació calcula que faltan al menos 270 obras para extraer la sustancia de colegios e institutos, mientras que se han efectuado una sesentena de intervenciones de desamiantado desde 2021. 

Mientras la retirada no llega, la Síndica ha planteado realizar pruebas con el objetivo de identificar si el material requiere o no de una intervención inmediata. En este sentido, ha pedido establecer criterios de gestión y control de los suelos en los que de manera irregular se ha enterrado amianto, y como mínimo, realizar inspecciones y retiradas periódicas de material para evitar que sean los vecinos los que tengan que denunciar la presencia de fragmentos de material con contenido de amianto en la zona.

Por otro lado, la Síndica de Greuges insta a mapear el amianto presente en cañerías para intensificar su sustitución. También apremia a facilitar información sobre ayudas para desprenderse del asbesto y agilizar el pago de subvenciones. “Si no se cumplen esos dos objetivos ineludibles, será más difícil todavía que la normativa sea eficaz y, en consecuencia, conseguir completar la retirada del amianto dentro de los plazos establecidos”, aduce. 

Catalunya no tiene a día de hoy lugar donde depositar todo el amianto que quiere eliminar

También aboga por controles de suelos donde se hayan enterrado restos de amianto y relegar las técnicas de encapsulamiento del componente -como el uso de pintura aislante- a circunstancias excepcionales y condicionadas a chequeos estrechos. “Implica aplazar la solución del problema, trasladarlo a generaciones futuras y perpetúa el riesgo por exposición”, cuestiona.  

La institución afirma que el flujo de quejas y consultas que recibe por el amianto es “constante” en los últimos cinco años. Desde 2019, acumula 113 actuaciones sobre la cuestión, de las que casi tres cuartas partes corresponden a solicitudes de retirada, la mayoría cerca de viviendas, pero también en naves y centros educativos.

Por municipios, la provincia de Barcelona ha concentrado el 81,5%, con un total de 97 quejas. Destacan Barcelona (32) y Cerdanyola del Vallès (11) -donde estaba ubicada la fábrica Uralita-. En las comarcas de Girona se han registrado ocho quejas, un 6,7% del total, en municipios como La Bisbal de l'Empordà (2), Inglés (1), Campllong (1) o Roses (1).