Barcelona abre expedientes por los presuntos pisos turísticos de lujo de la Casa Oller

Barcelona no está dispuesta a permitir que nuevas plataformas de alojamiento de lujo que no se publicitan abiertamente acaben siendo un coladero para explotar pisos turísticos sin licencia. El ayuntamiento ha incoado dos expedientes por las dos viviendas de alto 'standing' situadas en la cotizada Casa Oller de la Gran Via, 658, donde los vecinos denunciaron a través de EL PERIÓDICO y ante el consistorio, la Generalitat y los Mossos, las presuntas irregularidades que comete su propietario al alquilarlas por noches y a precios estratosféricos. La misma empresa alquila otros inmuebles de este tipo por la misma vía y sin permiso de actividad.

Concretamente, el ayuntamiento ha abierto los dos expedientes por los pisos 3.º 2ª y 2º2ª de la Casa Oller, rehabilitada integralmente hace tres años y cuya comercialización de filtró para crear una comunidad muy exclusiva y que comulgase con el valor patrimonial de la finca, teóricamente sin fines especuladores. Técnicos municipales realizaron una primera inspección a principios de julio, aunque no lograron acceder a los pisos al no haber nadie en su interior en ese momento. Esta semana se ha intentado otra inspección pero las turistas no han permitido el acceso al alojamiento, de modo que el consistorio sigue si poder certificar la actividad, señalan fuentes municipales. En la finca no hay licencias turísticas.

Agregan que ante la dificultad de que propietarios o viajeros permitan el acceso cuando se trata de una actividad sin licencia, el consistorio seguirá programando las inspecciones e informando a los vecinos. Se da la circunstancia de que la plataforma que las comercializa, Exclusive Resorts, ha retirado sus fichas de su web pública, aunque las sigue contratando por vía privada, como muestra el continuo desfile de viajeros que acredita la comunidad. Este operador no ha querido responder a las preguntas al respecto realizadas por este diario.

Un modus operandi difícil de controlar

La 'trampa' por la que hasta ahora se han destinado al uso turístico consiste en que el propietario, que reside en EEUU, las adquirió para el supuesto uso de los integrantes de una sociedad, aunque en realidad cedió su gestión a la mencionada exclusiva plataforma, a la que solo tienen acceso unos 4.500 miembros que pagan altas cuotas de acceso y pueden utilizar los inmuebles para ellos o sus amigos y familiares. Pero por cada noche de alojamiento reservada pagan 1.700 euros más, incluyendo servicios de conserje. Las contrataciones se hacen desde distintos países, pero sobre todo Estados Unidos.

Al no anunciarse por las plataformas populares al uso, como Airbnb, donde los pisos turísticos de Barcelona deben mostrar su número de registro legal o son sancionados en caso de no contar con licencia, el radar del ayuntamiento no los detecta. Salvo que los vecinos los denuncien, como en este caso.

La propiedad, a través de sus abogados en Barcelona, se defiende asegurando que su modo de alojamiento es legal. Pero desde el distrito del Eixample detallan que pese a que se "justifique o ampare la actividad diciendo que el alquiler va destinado a un colectivo de personas o empresa, para el ayuntamiento esto continuaría incumpliendo la normativa y se considerarían HUT sin licencia".

Collboni afirma que llegará "hasta el final" para eliminar los 10.000 pisos turísticos de Barcelona

No obstante, el consistorio debe probar su actividad antes de cualquier sanción, pese a la documentación pormenorizada que durante meses han recogido los vecinos. De hecho, los técnicos municipales analizarán también la plataforma de reservas, anuncian. Se trata de una fórmula que ya están utilizando operadores de otros países, dirigidas a un viajero de alta capacidad adquisitiva.

Uno de los elementos que más inquietan a la comunidad de vecinos es que esta vía de alojamientos para miembros y amigos, les exime de tener que registrar sus datos de identidad durante su estancia, de forma que pueden alojarse anonimamente todo tipo de viajeros. Por ello, los vecinos han presentado también denuncias contra la propiedad y el administrador ante los Mossos, en base a la ley de seguridad ciudadana.

Los vecinos están en contacto directo con los servicios de inspección del consistorio para facilitar el máximo de información y datos. Sus pesquisas revelan que esta plataforma comercializa al menos cuatro pisos sin licencia en la ciudad. En su caso, se quejan de las externalidades que provoca la actividad ilegal, dado el trajín de viajeros, su mal uso de las instalaciones y el movimiento de servicio que acompaña cada entrada y salida de huéspedes. Lo contario a lo que esperaban en una finca de lujo con 10 viviendas y un ático.

Suscríbete para seguir leyendo