Treinta equipamientos de Barcelona con gestión ciudadana plantan la renovación municipal de convenio

Las entidades sociales y vecinales que gestionan una treintena de equipamientos públicos han rechazado las nuevas condiciones que aseguran les han presentado desde el Ayuntamiento de Barcelona para renovar los convenios administrativos. En un comunicado, aseguraron que las condiciones económicas son inaceptables y "hacen inviables" unos proyectos comunitarios, que creen que "estorban" al modelo de ciudad actual. Las entidades han impulsado un manifiesto donde ponen en valor el trabajo social y cultural que realizan las entidades de base. Además, pidieron una reunión urgente con el alcalde Jaume Collboni y el concejal de Participación, Lluís Rabell, para atender las reivindicaciones del colectivo.

La Plataforma de Gestión Ciudadana (PGC), el Consejo de Asociaciones de Barcelona (CAB), la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), la Red Local de Economía Solidaria de Barcelona y la Federación de Casals de Joves de Catalunya afirman en el manifiesto que en los últimos meses han visto cómo en la ciudad parece que hay dinero para la promoción económica a través de grandes eventos, pero en cambio existe "falta de apoyo" a la colaboración público-comunitaria. Y creen que el gobierno actual apuesta por un modelo de ciudad que no tiene problemas para privatizar el espacio público y que "criminaliza" el uso cotidiano del espacio público por parte de la ciudadanía.

"Un modelo donde la existencia de comunidades y barrios organizados y conscientes de sus necesidades y demandas molesta", afirman. Cuentan que han sostenido un aumento de un 20% del coste de la vida en los últimos cuatro años. Y añaden que las condiciones que se les han presentado para renovar los convenios de gestión "no son aceptables".

Los firmantes piden una mayor inversión en la promoción de la cohesión social, cultural y comunitaria de los barrios; compensar las pérdidas de valor en las dotaciones en los equipamientos de proximidad y que no se recorten las aportaciones a través de subvenciones a los proyectos vecinales y asociativos y comunitarios.