Los últimos flecos de la 'guerra del agua' de Barcelona costarán hasta 32 millones al AMB si acuerdos o tribunales no lo evitan

La mediáticamente denominada 'guerra del agua' del área de Barcelona, librada entre el gobierno local de la capital que lideró la exalcaldesa Ada Colau (Comuns) y la multinacional Agbar, alcanzó su clímax durante el mandato político 2015-2019. En ese lapso temporal, la concesión metropolitana del servicio del agua a la empresa fue en primer término declarada nula por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cuya sentencia fue finalmente revocada por el Tribunal Supremo, que avaló la definitiva validez de la sociedad mixta integrada por AGBAR y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), técnicamente llamada 'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.' (ABEMCIA). Durante este periodo, los Comuns de Colau apostaron políticamente por la remunicipalización del servicio del agua y constriñeron a la empresa con medidas como un estudio que reducía sensiblemente la valoración de activos de Agbar, impeliéndola a abonar unos 210 millones en caso de que el Supremo ratificara la nulidad de la concesión, cosa que finalmente no ocurrió.

Y de aquellos polvos, estos lodos. La sentencia del Supremo puso fin a la contienda judicial en cuanto a la propia concesión del servicio, que fue el grueso del conflicto, pero sin embargo quedaron flecos judiciales pendientes en torno a los costes del sistema de saneamiento y depuración de la red. Para hacer frente a estos últimos litigios, que representan el epílogo de la 'guerra del agua', el AMB se ha reservado un total de 32 millones de euros. Es lo que calcula que pueden llegar a costarle si no lo acaban evitando los tribunales o acuerdos entre la administración y la empresa, tal y como se desprende de las Cuentas Anuales 2023 del ente supramunicipal, a las que ha accedido EL PERIÓDICO al salir a exposición pública a finales de este pasado junio.

Una sentencia obliga a la AMB a pagar 14,8 millones a Aigües de Barcelona

El montante económico, cuyo total de 32 millones no se había revelado hasta la fecha más allá de alguna cuantía parcial de alguna de las causas, consta en el citado documento público como provisión de contingencias derivadas de tres procesos judiciales distintos en torno a costes de saneamiento de Agbar contra el AMB a los que el ente metropolitano remite explícitamente en sus cuentas. Fuentes del entorno del AMB explican a este diario que, desde que comenzó el actual mandato político, se está trabajando en pro de acuerdos económicos con Agbar que eviten que la sangre judicial llegue al río, especialmente en cuanto a sortear el pago de los elevados intereses que tendría que pagar el AMB.

El primero de los citados procesos judiciales, referido a reclamaciones entre 2014 y 2018 contra el AMB por importe de 14,8 millones, ya fue sentenciado en primera instancia y en apelación por el TSJC a favor de Agbar, y actualmente está pendiente de la admisión a trámite de un recurso de casación del AMB ante el Tribunal Supremo. En el segundo, relativo a reclamaciones entre 2018 y 2019 (8,3 millones), Agbar también obtuvo sentencia estimatoria y el AMB interpuso un recurso de apelación en el TSJC todavía pendiente de resolver.

Por último, hay en marcha un tercer litigio por reclamaciones en torno al saneamiento del 2020 (4,3 millones) que todavía está pendiente de sentencia en primera instancia. Es la suma de cuantías de las tres reclamaciones la que lleva al AMB a consignar una provisión de 32,1 millones, en los que la administración supramunicipal ya contempla un margen que responde a intereses (1,3 millones, de hecho, corresponden al ejercicio 2023).

El origen del conflicto por el saneamiento

El primero de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por Agbar por las citadas reclamaciones de costes de saneamiento atacó el acuerdo del Consejo Metropolitano del AMB del 26 de junio del 2018, que tuvo lugar después del revés judicial del TSJC y antes de la sentencia favorable a Agbar del Supremo. En él, el AMB rechazaba —con el único voto en contra de la antigua CiU y abstenciones de PP, Cs y CAT Torrelles— el requerimiento de Agbar de que el ente cumpliera con sus obligaciones económicas por los servicios de saneamiento realizados por la empresa.

El acta del citado Consejo Metropolitano da buena cuenta del contraste entre visiones políticas en torno a la cuestión durante el mandato político de la ya citada 'guerra del agua' del área de Barcelona. Por una parte, la antigua CiU —en la presidencia del AMB en 2012/2013, cuando Agbar firmó los contratos con el ente— justificó la reclamación económica de la empresa: "El AMB está incumpliendo el convenio", sostenía el 'conseller' Isidre Sierra, hoy alcalde de Junts en Sant Climent de Llobregat, quien tildaba de "obligación contractual" del AMB los pagos reclamados por Agbar.

El Supremo da por válida la sociedad de Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona

Por otro lado, la posición oficial del AMB quedaría fijada en las palabras de Eloi Badia (AMB), en aquel momento vicepresidente del AMB y responsable de máxima confianza de Colau para gestionar la cartera del agua metropolitana, quien preguntaba a Sierra si le parecía lógico "que un servicio que no genera beneficio ahora deba producir dividendos", en relación a la reclamación de Agbar. "Desde su llegada están pasando cosas como menosprecios a técnicos propios del AMB o expedientes incompletos que nadie sabe explicar", replicaba Sierra.

El acta recoge cómo Badia se preguntaba si "a una empresa que ha doblado sus beneficios previstos, ahora se le debería abonar diez millones más de beneficios sin hacer ningún cuestionamiento a la coherencia de esta medida". "Es por ello que el Gobierno [del AMB, con presidencia de los 'Comuns' y gobierno cuatricolor junto con PSC, CiU/PdeCAT y ERC] está convencido de que no hay que hacer esto [pagar a Agbar]", sostenía Badia, quien tildaba de "mal acuerdo" el suscrito entre Agbar y el AMB bajo la presidencia de Xavier Trias, que lideró el ente en un ejecutivo amplio liderado por CiU junto con PSC, ICV y ERC.

El AMB cree que Agbar debería pagar 210 millones si se anula la concesión del agua

El TSJC, sin embargo, no respaldó la tesis de Badia. En su sentencia del 21 de abril del pasado 2023, el tribunal desestimó un recurso de apelación del AMB confirmando así la sentencia del 27 de enero del 2022 del Juzgado de lo Contencioso nº 8 de Barcelona, que daba la razón a Agbar. Entre otros argumentos, el TSJC se adhirió a dos informes periciales —uno de ellos de la consultora PwC— que concluyen que "el AMB eludió sus obligaciones para los ejercicios 2014 a 2017; no se produjeron los flujos de caja esperados; tampoco se alcanzaron los resultados esperados al no establecer tarifa comprometida; y, en fin, no realizó aportaciones económicas nuevas".

Esta causa, relativa a la reclamación de 14,8 millones ya mencionada, marca el rumbo de las otras dos y está actualmente en fase de que el Supremo admita a trámite el último recurso, en este caso de casación, del AMB contra la sentencia del TSJC.

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