Barcelona recurrirá la sentencia contra la reforma de Laietana: "No iremos hacia atrás"

El Ayuntamiento de Barcelona presentará recurso contra la sentencia judicial que anula la reforma del primer tramo de la Vía Laietana por un defecto de tramitación. La primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha valorado este miércoles el revés judicial y ha anunciado que no revertirá las obras, pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona. "No iremos hacia atrás", ha advertido la socialista.

El consistorio mantiene así la misma estrategia de recurso y espera el proceso que ha seguido con la peatonalización de Consell de Cent y el resto de ejes verdes del Eixample, que acumulan tres sentencias desfavorables. No obstante, Bonet ha marcado distancias con la política urbanística de los Comuns de Ada Colau y ha abogado por reformas surgidas "del diálogo y el consenso" para desincentivar la judicialización.

“Defendemos este modelo de transformación de Via Laietana como también hemos defendido la pacificación en Consell de Cent. Defendemos la legalidad y el buen trabajo de los equipos técnicos del Ayuntamiento”, ha insistido. En este sentido, ha recordado que las reformas de grandes arterias para reducir el tráfico se realizan desde hace años con el mismo procedimiento administrativo, es decir, sin tener que modificar cada vez el Plan General Metropolitano, como piden las últimas sentencias.

En cuanto a Via Laietana, Bonet avala el proyecto en marcha porque amplía el espacio para peatones sin sacrificar la movilidad en transporte público, en vehículo privado o en bicicleta, según ella. "Es un modelo de transformación que dibuja la Barcelona que queremos, una Barcelona más verde y con mayor movilidad sostenible", ha remachado.

Enfado de la oposición

También ha reaccionado BComú, artífice de la reforma el pasado mandato, opinando que la sentencia del TSJC supone "la reacción de las élites de Barcelona". Janet Sanz, portavoz del grupo municipal, ha insistido en que la sentencia "va en contra del sentido común", dado que se han llevado a cabo reformas similares en el paseo de Gràcia o la avenida Mistral sin tocar el PGM.

El mayor partido de la oposición, TriasxBCN, ha exigido "responsabilidades" al gobierno del PSC ante "una sentencia más" contra las pacificaciones impulsadas los últimos dos mandatos. "No puede ser que los barceloneses sigamos pagando con nuestros impuestos cosas mal hechas", ha afeado el concejal portavoz Jordi Martí, en rueda de prensa junto a la portavoz adjunta, Neus Munté. Junts considera que las decisiones judiciales son "una enmienda a la totalidad de las políticas urbanísticas de los gobiernos Collboni-Colau y Colau-Collboni", porque aunque no sean firmes son "muy contundentes".

El partido de Xavier Trias ha cargado también contra la valoración de Laia Bonet, que ve propia "de un gobierno arrogante, que no reconoce la realidad ni los errores". Asimismo, recuerda que Junts votó en contra del proyecto de obras y presentó alegaciones en enero de 2022 precisamente por la tramitación del proyecto.

Concesionarios, no comerciantes

A diferencia de las sentencias contra la 'Superilla' del Eixample, que son fruto de demandas lideradas por Foment del Treball y la patronal de comerciantes Barcelona Oberta --quienes ya vaticinaron que posiblemente sentaría jurisprudencia y afectaría al caso de Via Laietana--, la que afecta a este gran eje de Ciutat Vella la llevó a tribunales la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos. Se movilizaron por las afectaciones que les genera la obra y el posterior recorte de tráfico.

Este colectivo empresarial que lidera Francesc Sibina ha reclamado al gobierno municipal "diálogo" en "beneficio del conjunto de la ciudad", abogando por "el acuerdo y la mediación" en las grandes intervenciones urbanísticas. Ha reclamado que se tenga en cuenta el posicionamiento de los agentes sociales y económicos de Barcelona.

De hecho, la asociación de comerciantes de Via Laietana no forma parte de esta ofensiva judicial, ya que había reivindicado durante años una remodelación que relanzara la economía de la zona. Los operadores creen que hay aspectos mejorables en el nuevo trazado, pero dieron el visto bueno al proyecto final para acabar con la parálisis del vial y creen que mejorará mucho tras la intervención.

Las obras van ya por la segunda fase, que empezó en septiembre y tienen una duración prevista de 21 meses, hasta junio del 2025. La intervención se centra ahora en el tramo inferior, desde la plaza de Antoni Maura hasta las plazas de Idrissa Diallo y Correos. Aunque son solo 600 metros en línea recta, es especialmente larga por la gran complejidad del subsuelo, por el que discurren varias infraestructuras centenarias.