La Iglesia recupera un edificio protegido de Barcelona que se disputaba con una empresa

Tras un litigio de casi tres años, la Iglesia se ha impuesto en el pleito que ha protagonizado con una de las principales gestoras de residencias de España por un edificio catalogado en Barcelona. El juzgado de primera instancia número 27 de Barcelona ha resuelto que una entidad ligada al Arzobispado de Barcelona, la Fundación Sant Josep Oriol, es la propietaria y la única poseedora legítima de Can Capellanets, un antiguo hogar de seminaristas del siglo XIX e incluido en el catálogo de edificios patrimoniales que el Ayuntamiento de Barcelona insta a conservar. Así lo confirman fuentes del Arzobispado consultadas por EL PERIÓDICO.

A la postre, la sentencia despoja del edificio del barrio de Les Corts a L’Onada Serveis, que reivindicaba sus derechos sobre el inmueble por un contrato de cesión que firmó con la fundación en 2017 para instalar un geriátrico. La organización eclesiástica lo dio por roto en 2021, tras surgir desavenencias entre ambas partes. L'Onada responde que recurrirá el fallo.

La residencia nunca se ha llegado a levantar, pero la empresa tiene la posesión efectiva del edificio desde que se selló el acuerdo. Los representantes de la Iglesia no han podido acceder al inmueble desde que las divergencias surgieron hace un trienio. La disputa escaló hasta el punto que L’Onada acusó a los propietarios de cambiar la cerradura dos veces para impedirle la entrada; a su vez, los titulares afearon a la compañía de servicios residenciales que enviara a unos trabajadores con una cizalla para romper la cadena que envolvía la puerta y tomar el edificio para empezar unas obras. De ahí el pleito, que se dirimió en el tribunal el pasado 18 de junio.

Hace siete años, la Fundación Sant Josep Oriol y L’Onada Serveis sellaron que la empresa construiría y administraría un asilo de 112 plazas en la finca, deteriorada y sin uso desde hace años. El proyecto incluía erigir un edificio anexo al inmueble decimonónico y ocupar parte del jardín. 

Vecinos en contra

El tejido vecinal y asociativo de Les Corts, agrupado en la plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts, se opuso al plan. Alertó que suponía destruir la vegetación que envuelve a la finca y atentar contra la protección que ampara al edificio histórico. El catálogo de patrimonio blinda el “mantenimiento integral, tanto de volúmenes, fachadas y texturas y cromatismos originales como de los elementos interiores de interés”, así como la “conservación de los jardines”.

La construcción de la residencia sufrió un vuelco en 2021. Entonces, la Fundación Sant Josep Oriol dio el contrato con L’Onada Serveis por finiquitado. Alegó incumplimientos del acuerdo que atribuyó a la compañía, después de que el Ayuntamiento impusiera 3.750 euros en sanciones a la entidad dependiente del Arzobispado por el deficiente estado de conservación del inmueble. 

A su vez, la fundación alegó que quería salvaguardar la zona verde de la finca y se abrió a diseñar un proyecto nuevo, más respetuoso con el jardín y que recayera en otro operador. L’Onada replicó que la ruptura del contrato había sido unilateral e ilegítima. En ese sentido, ha defendido que la cesión siempre ha sido vigente y que dispone de la posesión hasta 2067.

En paralelo, Salvem el Patrimoni de Les Corts -que reúne el apoyo de 26 asociaciones- ha seguido advirtiendo de la degradación que amenaza a Can Capellanets, desprovisto en parte de techo a raíz de unas obras no autorizadas en 2015. Mientras el caso aguardaba al juicio, el distrito de Les Corts ha seguido detectando que el inmueble acusa desgaste. A finales de 2022, abrió un expediente de restitución de la legalidad urbanística, al observar “patologías” en la fachada y la “necesidad de instalar protecciones”. Un año más tarde, el Ayuntamiento constató que el requerimiento para detener los riesgos que embargaban al antiguo convictorio se habían incumplido. Por entonces, rastreaba una fórmula para preservar la finca sin que el litigio pendiente resultara un obstáculo.

Al conocer el fallo del juzgado, el distrito ha comentado que retomará las conversaciones con el Arzobispado una vez que la sentencia sea firme, "para decidir los próximos pasos a seguir para proteger la finca", ha señalado. Salvem el Patrimoni de Les Corts ha declarado que la resolución es una "buena noticia". En todo caso, añaden que son "cauteolosos" a la espera de cómo evoluciona el largo conflicto sobre el inmueble. "Seguiremo luchando por la conservación de Can Capellanets y sus jardines", han añadido.