Dos sectores antagónicos tachan el cierre de pisos turísticos en Barcelona de “cortina de humo”

El cierre de los 10.000 pisos turísticos de Barcelona dentro de cinco años ha hecho coincidir a dos polos habitualmente opuestos en el debate sobre la vivienda, al menos al definir la medida que el alcalde Jaume Collboni reveló este viernes. Cada uno por separado, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, Apartur, y el Sindicat de Llogateres han tachado el plan para suprimir los alojamientos temporales de “cortina de humo”, si bien con argumentos distintos.

El Sindicat de Llogateres considera la eventual desaparición de los pisos turísticos “poco más que un brindis al sol” para camuflar otra decisión que critica, la rebaja que el Ayuntamiento plantea a la obligación a los promotores para que un 30% de los domicilios de nuevos edificios se reserve a vivienda social. “La modificación del decreto responde a los intereses de las grandes constructoras, que llevan años boicoteando la norma” del 30%, señala la plataforma de inquilinos. 

Por su parte, Apartur opina que el anuncio sobre los apartamentos turísticos pretende ocultar “el fracaso de las políticas de vivienda de los últimos años”. Para la patronal, se trata de “un fracaso que el consistorio repercute ahora expropiando a los pequeños propietarios que, con su actividad económica legal, dan trabajo a unos 5.000 trabajadores de forma directa y otros tantos de forma indirecta”. Según los cálculos de Apartur, la actividad de los apartamentos turísticos “aporta anualmente más de 347 millones de euros a las arcas públicas de Barcelona”.

Alquiler de temporada

Por su parte, el Sindicat de Llogateres incide en que “actual crisis de vivienda en Barcelona no se fundamenta principalmente en las viviendas de uso turístico como tal, sino en la falta de regulación de los alquileres temporales”. “Los alquileres temporales son la principal brecha de los especuladores para desviar pisos a usos lucrativos” y “la vía que tienen para saltarse el tope de la regulación de alquileres”, sostiene la organización. La Generalitat promovió un decreto para regularlos que no prosperó, a causa del voto en contra de Junts, PP, Cs y Vox y la abstención del PSC en el Parlament.

Para el sindicato, “el anuncio de Collboni no hace más que ratificar la apuesta de la patronal hotelera” por el turismo de congresos y eventos de un modelo “cada vez más exclusivo”, del que la plataforma aborrece. Apartur señala que los pisos turísticos absorben el 40% de los alojamientos temporales en Barcelona. Advierte que, con su extinción, “se perderá la totalidad del turismo familiar”. “¿De verdad que no queremos turismo familiar en Barcelona? ¿Cuántas tiendas, restaurantes y museos tendrán que cerrar?”, plantea la asociación.

Apartur calcula que los apartamentos turísticos engloban el 0,77% de las viviendas de la capital. A su vez, alerta del “peligro creciente de la turismofobia” y avisa de que el anuncio municipal puede dar alas a la oferta de alojamientos turísticos ilegales. 

El Sindicat de Llogateres subraya que las licencias de pisos turísticos seguirán en vigor durante cuatro años y medio más, por lo que avisa que quizá no llegue a aplicarse si la coyuntura política cambia. “Hasta entonces, los alquileres turísticos que operan legalmente seguirán haciéndolo, y aquellos que llevan años operando ilegalmente también lo harán, si el Ayuntamiento no comienza a implementar mecanismos efectivos para perseguirlos”, remarca.