El AMB licita 12 nuevas cámaras para las zonas de bajas emisiones en Barcelona y se acerca a su plan final de 300 puntos de control

La zona de bajas emisiones (ZBE) prosigue su lento camino hacia los confines metropolitanos de Barcelona. Empezó a funcionar en el ámbito de las rondas de la gran ciudad en enero de 2020, aunque las sanciones no llegaron hasta septiembre de ese mismo año pandémico. Tras mucho debate, promesas, leyes, decretos, normativas y citas electorales, el invento está cerca de dar un importante salto hacia otros municipios a partir de 2025. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) acaba de licitar el suministro e instalación de 12 nuevos puntos de control, cuyo destino todavía no está decidido. Es uno de los últimos pasos para llegar al plan final (por ahora) de 300 cámaras (la mitad, en la capital catalana) distribuidas por una quincena de municipios.

El concurso público sale con un precio máximo de licitación de 210.697,30 euros, un montante que las empresas aspirantes, como es habitual, revisarán a la baja para ganarse el favor de la Administración. Gane quien gane, tal y como marcan las prescripciones técnicas de la convocatoria, las cámaras se empezarán a instalar a principios de 2025 y ese mismo año empezarán a funcionar. El contrato, sin embargo, tiene que cerrarse antes de que termine 2024, pues al tratarse de fondos europeos, la cosa no puede saltar al siguiente ejercicio sin que esté resuelta la licitación.

En paralelo, mientras los concursos públicos avanzan para que todo esté a punto, los municipios van avanzando en la configuración y aprobación de sus correspondientes ordenanzas, con la idea de aplicar un mismo criterio por lo que respecta a las sanciones y las exenciones. De esta manera, dentro del ámbito del AMB, los conductores sabrán que las normas son las mismas en todos los paraguas ambientales. Cuando estén todas en marcha, como ya sucede con la de Barcelona, Sant Cugat y Sant Joan Despí, el AMB se encargará de monitorizar las sanciones, que luego serán gestionadas por los propios consistorios.

Los receptores

La licitación del AMB solo concreta la cifra de puntos de control, pero no los municipios receptores. Sí especifica las ciudades que son "candidatas" a la instalación de las cámaras porque ya tienen proyectos de ZBE en marcha. Son los siguientes: Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat, Badalona, Santa Coloma y Molins de Rei. "La colocación -reza el AMB en las bases del concurso- vendrá condicionada por la idoneidad de los puntos propuestos por los municipios de acuerdo con el replanteo hecho con la dirección de la obra".

La mayoría de estas ciudades ya tienen los deberes medio hechos. El ayuntamiento de Santa Coloma, por ejemplo, licitó el pasado abril la instalación de 46 cámaras en 23 puntos del casco urbano. Precio de salida: 1,6 millones de euros que también se pagarán con fondos Next Generation. Ese concurso está ahora en fase de evaluación de las ofertas. Pero también han dado pasos, con distinto ritmo de ejecución, los consistorios de ciudades como Castelldefels, El Prat o Viladecans, que tienen el proyecto en marcha de cara al 2025, cuando se prevé que las ZBE ya estén operativas.

Leyes sin sanción

A pesar de que se habla de las zonas de bajas emisiones desde hace casi 10 años, ha sido necesaria una legislación que obligue a instalar paraguas ambientales para que los ayuntamientos y la propia AMB, que fue pionera en todo el Estado con la de Barcelona, pisaran el acelerador. La ley 7/2001 de cambio climático y transición energética (y el posterior real decreto de diciembre de 2022) obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los de más de 20.000 residentes con problemas de contaminación atmosférica a implementar ZBE antes de 2023. Pero esa normativa no va acompañada de sanciones, así que la aplicación se está haciendo en cuentagotas y de manera muy desigual.

Los municipios que vayan incorporando las ZBE se encontrarán con que las restricciones serán, a corto plazo, superiores a las que se impusieron en Barcelona hace cuatro años y medio. El conseller de Acció Climàtica, David Mascort, avanzó a principios de abril que a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos con etiqueta ambiental amarilla no podrán circular por el interior de las zonas de bajas emisiones de municipios de más de 50.000 habitantes en los días en los que se activen avisos por contaminación por NO2.

Adiós, etiqueta amarilla

Lo que sí se mantiene es la fecha del 1 de enero de 2028. Cae en sábado, así que a partir del lunes 3 enero de 2028, los automóviles con distintivo amarillo ya no podrán circular por el interior de los paraguas ambientales de los municipios de más de 50.000 habitantes. Ese mismo día, las ciudades de más de 20.000 empadronados deberán empezar a restringir esos mismos coches en episodios de polución, mientras que dos años antes, a principios de 2026, deberán vetar a los que no tengan etiqueta. Esos son los principios, pero visto cómo ha ido todo hasta ahora, y evocando a los hermanos Marx, es posible que la Administración dicte otros dentro de unos pocos años.