Una comunidad de vecinos de Barcelona pide el desahucio de su inquilina tras quererle subir el alquiler hasta un 35%

A Mercedes Muntañola (vecina de Barcelona, enfermera jubilada y viuda de 74 años) le comunicaron que no le renovarían el alquiler el día de su aniversario, a finales de 2022. “Me encontré que me iba a quedar en la calle cuando esperaba firmar un nuevo contrato”, reconoce.

El aviso le llegó por burofax, como suele ser habitual en estos casos, si bien el dueño no es un impersonal fondo de inversión ni tampoco un gran arrendador afincado lejos de su inquilina: los propietarios del bajo de Sarrià donde la mujer reside sola desde 2018 son sus vecinos de escalera, los integrantes de una comunidad de propietarios con una veintena de viviendas situada en la calle Capità Arenas, en que la titularidad del antiguo domicilio-portería del bloque se desgaja en pequeñas porciones repartidas entre cada uno de los dueños de los pisos del edificio. 

El acuerdo venció hace ahora un año, una vez que se agotó la prórroga excepcional de seis meses que el Gobierno concedió a los alquileres que se agotaban para paliar la crisis. En todo caso, Mercedes continúa residiendo debajo de quienes han instado a que se le desahucie, a la espera del juicio que resuelva su suerte. La mujer no se plegó a pagar un 35% más de mensualidad, la condición que le marcaron para prorrogar la estancia. La subida se planteó antes de que entrara en vigor la nueva Ley de Vivienda, que no permite mayor incremento en los nuevos contratos que una actualización anual sobre el precio del anterior contrato. Para 2024, el porcentaje se fija en un 3%.   

"No los suelo ver"

Mercedes quita hierro a tener que convivir con los propietarios que aprobaron en octubre pasado acudir al juzgado para reclamar que se la desaloje porque su contrato finalizó: “Apenas me los encuentro. Si me cruzo con alguien, saluda, sonríe… Todos saben lo que hay. No hay problema, no los suelo ver”. La demanda incluye la petición de condenar a la inquilina a sufragar la renta por duplicado cada mes, a contar desde que el contrato expiró y hasta que abandone la vivienda. Por ahora, la deuda ascendería a 19.464,72 euros, pero sigue engordando hasta que la expulsión se consume. 

Más que la eventual incomodidad de coexistir con quienes la quieren fuera de casa, la inquilina pone el acento en la oferta que los administradores le pusieron sobre la mesa. El importe que le propusieron se desviaba de los 884,76 euros en que la renta se tasaba antes de que se diera por rescindida y que la vecina consigna en el juzgado como gesto de buena voluntad para permanecer en la vivienda. 

“Me ofrecieron que pasara a pagar 1.200 euros”, concreta Muntañola. “Fue taxativo, me dijeron que era lo que el piso costaba. Cuando ya se acabó el contrato, me dijeron que pagara 1.100 euros el primer año y 1.200 entre el segundo y el quinto”, sostiene. El Sindicat de Llogateres, que ampara y asesora a Mercedes, objeta que ese crecimiento escalonado del alquiler es “contrario a la ley”. “No se permiten subidas dentro del contrato, más allá del IPC o lo que el Gobierno determine”, replica.

Para la inquilina, se trataba de un aumento “desproporcionado”. “No puedo asumirlo debido a que soy una mujer jubilada con una buena pensión, pero con gastos como todo el mundo”, alegó en la carta que dirigió a la vecindad cuando la amenaza de desalojo ya había tomado cuerpo. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con la sociedad que administra la propiedad para recabar la versión de los titulares de la vivienda. Tras reiterar el ofrecimiento, los dueños han rehusado pronunciarse.

“Cámbiate de barrio”

Mercedes asegura que algún vecino le recriminó que pagaba “demasiado poco” para tratarse de un domicilio en Sarrià-Sant Gervasi. También opinó que la arrendataria podía abonar más mensualidad con su jubilación de extrabajadora del Hospital Vall d’Hebron durante casi 40 años. “Me dijo que esta zona es más cara que lo que yo pagaba y que, si no podía pagarla, me cambiara de barrio”, afirma.

El índice de referencia de precios del alquiler de la Generalitat no fija una sola cantidad que precise cuál es el desembolso adecuado para habitar ese domicilio en la parte alta de Barcelona. El cálculo ofrece una horquilla tan amplia que, según por que extremo se tome, da tanto la razón a Mercedes como a los propietarios: fluctúa entre 865,83 euros en la franja baja a 1.236,35 euros por la banda superior.

La oferta de pisos en alquiler en Barcelona cae a la mitad en seis meses

El Sindicat de Llogateres defiende que, con la regulación ahora vigente, Muntañola podría haber rubricado un nuevo acuerdo para seguir en el domicilio a cambio de un ligero incremento de precio. “Es lo que me enfada”, admite la mujer. Cuenta que una vecina le echó en cara que, con su lucha particular por quedarse en la comunidad, ha impedido que los propietarios pudieran ganar más por el piso antes de que la limitación de rentas imperara. “Me dijo que prefería que lo que había conseguido lo aprovechara otra persona”, atestigua. 

El Sindicat de Llogateres estima que el aumento que se exigía a la arrendataria comportaba solo que cada dueño ingresara 16 euros más al mes. “Los intentos de subida de alquiler y las amenazas son habituales, pero no es nada frecuente que la propiedad donde ocurra sea una comunidad de vecinos”, señala la organización, que recalca el ejemplo de Mercedes por haberse plantado: “Tiene mucho mérito. En un caso así, lo más normal es que hubiera sido un desahucio invisible, que no se judicializa y el inquilino se marcha en contra de su voluntad”. “Antes estaba asustada, pero ahora ya no”, confiesa Mercedes.

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