La Iglesia y una empresa llegan a juicio para disputarse una finca protegida de Barcelona

Una disputa enrevesada por una finca clasificada como patrimonio a conservar y deteriorada en el barrio de Les Corts, en Barcelona, llega a juicio este martes. El pulso por Can Capellanets, un seminario en desuso construido en el siglo XIX, se sostiene desde hace cerca de tres años y enfrenta a la Iglesia católica con una de las principales gestoras de residencias de mayores y personas dependientes de España, L'Onada Serveis, con una cuarentena de equipamientos en su cartera. 

Una entidad subordinada al Arzobispado de Barcelona, la Fundación Sant Josep Oriol, interpuso la demanda a principios de 2022, en la que reclama recuperar la posesión del inmueble. A su vez, niega todo derecho a L’Onada, a la que entregó el inmueble por 50 años en 2017 para que abriera un geriátrico. Los planos prefiguraban que se levantaría un edificio adyacente al convictorio que invadiría parte del jardín, ambos catalogados. 

El tejido vecinal de Les Corts lleva años oponiéndose al proyecto, aprobado en 2015 al final del mandato de Xavier Trias y luego modificado en 2020, bajo el gobierno de Ada Colau, para convertirlo en un asilo con 112 plazas para ancianos. Por ahora, no se ha empezado a construir. La empresa replica que el contrato le ampara a permanecer en el antiguo hogar de los seminaristas hasta 2067. 

La organización eclesiástica dio la concesión por finiquitada en 2021, mientras L’Onada no otorga ninguna validez a la ruptura del acuerdo. La tacha de unilateral y defiende que la cesión sigue vigente. La discordia escaló hasta el punto de que la compañía acusó a la fundación de cambiar dos veces la cerradura para vetarle la entrada. A su vez, la entidad religiosa afeó a L’Onada que ordenara a unos operarios que acudieran con una cizalla para arrancar la cadena de la puerta y penetraran en el interior para empezar unas obras.   

Demanda vecinal

Vecinos de Les Corts asistieron atónitos a la riña, que alcanzó cotas de paroxismo poco antes de trasladarse a los tribunales. No obstante, el seminario ha recaído en el letargo desde que se emprendió el pleito, sin que apenas se vea movimiento tras la tapia. Aun así, el edificio fue ocupado ilegalmente y desalojado unas semanas después en marzo pasado, cuando se tabicó el acceso. En los últimos días, los vecinos se han percatado de la presencia de un vigilante y han dado aviso al distrito al ver que se cortaban ramas de los árboles del jardín.  

La plataforma Salvem el Patrimoni de Les Corts suma el apoyo de 26 asociaciones, que llevan años exigiendo tanto al Arzobispado como luego a L’Onada que se atengan a lo que el catálogo del bienes a conservar del Ayuntamiento prescribe para Can Capellanets; esto es, el “mantenimiento integral, tanto de volúmenes, fachadas y texturas y cromatismos originales como de los elementos interiores de interés”, así como la “conservación de los jardines”, tal como reza el plan especial de protección del patrimonio arquitectónico del distrito. 

Ante la vista de este martes, la plataforma ha vuelto a pronunciarse “contra la destrucción del jardín y la protección del volumen original del edificio”. En ese sentido, insta al Ayuntamiento a que “no se ponga de perfil” ante el contencioso por el espacio histórico: “Se tiene que implicar y tomar partido. Al margen del asunto judicial, no lo puede considerar tan solo un asunto entre privados, porque hay una ficha de patrimonio que debe respetarse”. El colectivo vecinal pide replantear el plan urbanístico del consistorio ratificado en 2020, que sigue vigente. 

Al desatarse las discrepancias, la Fundación Sant Josep Oriol acusó a L’Onada de incumplir sus obligaciones para preservar el inmueble. Abogó por promover un nuevo plan de reapertura que conserve la zona verde de la finca, sin descartar que se instale una residencia, pero recayendo en otro operador. Por su parte, L’Onada nunca ha renunciado a explotar su geriátrico, tal como se previó. El Arzobispado y la compañía han preferido no hablar con EL PERIÓDICO a las puertas del juicio.

A la espera de sentencia

Por su parte, el Ayuntamiento responde que aguarda a la sentencia del juzgado “para decidir los próximos pasos a dar”. En todo caso, el distrito de Les Corts esgrime que ha intervenido para exigir que se palíe la degradación que embarga al inmueble, desierto y desprotegido en parte al quedarse sin techo durante unos trabajos que se acometieron sin permiso en 2015.

Ya con la discordia entre la Iglesia y la empresa elevada al juzgado, el consistorio abrió a finales de 2022 un expediente de restitución de legalidad urbanística, al detectar “patologías” en la fachada y la “necesidad de instalar protecciones”, señala. No obstante, la pugna judicial ha obstaculizado que se materializaran las directrices que el distrito dio para “frenar la degradación y una futura desaparición del edificio”, comenta.

La Fundación Sant Josep Oriol alegó que no podía cumplir el requerimiento para asegurar la conservación de Can Capellanets. Se excusó en el pleito abierto y que la posesión se halla en manos de L’Onada. Ante la respuesta, el consistorio emplazó a la firma a reparar las deficiencias. La compañía también interpuso alegaciones, pero el Ayuntamiento las desestimó y urgió en 2023 a que tomara medidas para salvaguardar el recinto y, a su vez, solicitara un permiso de obras de mantenimiento para efectuarlas. A finales de 2023, el consistorio constató que la orden se había incumplido y buscaba cómo proceder para preservar la finca, “teniendo en cuenta el litigio”, apostilla.