Cruzada legal de 45 familias contra una escuela de Barcelona que cerró con el curso casi terminado y sin respetar la "relación contractual"

¿Cuál es la relación jurídica entre una escuela privada/concertada y las familias? ¿Es una simple prestación de servicios o hay una vinculación contractual similar o idéntica a la que una empresa mantiene con sus trabajadores, clientes y proveedores? La diferencia no es cosa menor, porque en caso de cierre del negocio, o en este caso, del colegio, el proceso es muy distinto, sobre todo en lo que hace referencia a los tiempos y los avisos.

Este es el tema de fondo que 45 familias de la escuela Mary Ward de Barcelona han puesto sobre la mesa con una demanda civil contra la Fundació Narcís Jubany, que el 15 de junio de 2022 dejó tirados a 290 alumnos al informar de que el colegio de Sant Gervasi-Galvany no abriría las puertas en septiembre. Es un asunto muy concreto pero que, en caso de que el juez les dé la razón, se abriría un nuevo escenario legal en la relación entre la educación privada/concertada y las familias.

La dirección reunió a las familias en el auditorio. Les anunciaron que el centro cerraba y les entregaron una hoja de Excel con las plazas disponibles en colegios del entorno. Con las matriculaciones cerradas, los padres y las madres de esos chavales de Infantil, Primaria y Secundaria tuvieron que buscar centro a la desesperada. Ahora están todos escolarizados, pero no olvidan esos dos meses de pesadilla en los que, aseguran, el centro se desentendió totalmente, extremo que niega la fundación, que a través de un portavoz explica a este diario que sí hubo un acompañamiento a las familias.

"No puede ser que abrir un colegio sea tan difícil y, en cambio, sea tan fácil cerrarlo"

El centro explica que en mayo de 2022 fue informado de que no se le renovaba el concierto de P3, P4 y P5 para el curso 2022-2023 al no alcanzarse la ratio necesaria. Alegaron, pero a principios de junio, el Govern les confirmó que no tendrían subvención. "La escuela no tuvo otra opción que cerrar", señala un portavoz de la Fundació Narcís Jubany. "Entendíamos la preocupación y la indignación de las familias, por eso se trabajó intensamente para que tuvieran un proceso extraordinario de preinscripción. El 95% accedieron a la primera opción elegida, y el resto, a la segunda". Sobre la demanda, la fundación prefiere no hacer ningún comentario.

No es por dinero

Los padres sostienen que fue su presión la que hizo que las cosas se movieran. "Si nos hubiéramos atenido a esa hoja de 'excel', las familias con dos o más hijos habrían terminado en centros distintos, y todos alejados de casa", defienden. Su lucha, advierten, no es económica. En total reclaman 140.000 euros, unos 3.000 euros por hogar. "Lo que queremos -señala un portavoz de las familias- es que esto no se vuelva a repetir, que cambien las formas de hacer las cosas. No puede ser que abrir un colegio sea tan difícil y, en cambio, sea tan fácil cerrarlo".

"El colegio no deja de ser una empresa, y como tal, si entra en insolvencia, tiene unas obligaciones a nivel de ley concursal"

El año pasado ya presentaron un contencioso-administrativo contra el Consorcio de Educación por haber permitido el precipitado cierre del colegio. Esa demanda sigue abierta. La que interponen ahora va por la vía civil y reclaman daños morales y emergentes (patrimoniales). Al frente de la demanda está el abogado Fernando Garriga, que en conversación con este diario explica que el argumento de fondo es el incumplimiento "altamente negligente" del contrato. "El colegio no deja de ser una empresa, y como tal, si entra en insolvencia, tiene unas obligaciones".

Por mucho que se trata de un centro en el que la administración esté de por medio a través de una subvención, la relación entre el centro y las familias, en opinión de los demandantes, "no puede terminar de manera unilateral y sin aviso previo". "No es una mera relación de prestación de servicios como defienden ellos", sostiene Garriga.

En manos del juez

Es decir, que si el juez avala la premisa de la relación contractual más allá del ámbito educativo y del papel de la Administración pública, podría apoya la tesis de que cualquier suspensión de la actividad debía venir precedida de unos avisos y de un proceso que tiene otros tiempos y otras obligaciones para con los afectados por el cierre. Garriga, que comparte que este es uno de esos casos que refrescan la profesión, argumenta que lo que se busca con esta demanda "no es un resarcimiento económico", sino un "efecto aleccionador".

Las 45 familias han presentado su propia prueba de daños, pero están todas dentro de la misma demanda. En opinión del abogado, la fundación, decidió acogerse a una normativa administrativa que le permitía cerrar la escuela, pero mucho antes ya sabían que el concierto peligraba. Aun así, prosigue, permitieron que tramitaran con absoluta normalidad la matrícula en el centro, que tenía el alemán como segunda lengua, cosa que la mayoría perdieron al saltar a centros sin esa especialidad. Compraron los uniformes del año siguiente, la equipación deportiva, planificaron las extraescolares. Todo saltó por los aires en el auditorio.

La pelota, ahora en el tejado del juez, que tiene ante sí el cierre de una escuela de Sant Gervasi, de nombre Mary Ward. Aunque en el fondo hay mucho más, porque de su sentencia depende buena parte de la relación que mantienen todas las escuelas concertadas con miles de familias en toda Catalunya. Primer 'round', si antes no hay pacto vía mediación, la audiencia previa del 16 de septiembre.

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