El bloque Venus de La Mina da la batalla legal por su expropiación: “Es un chantaje”

Sigue lejos de intuirse una salida al laberinto que atrapa a las decenas de personas que viven en una de las calles donde menos renta se declara en Catalunya. La Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besòs y la Diputación aprobaron a mediados de abril el proyecto con el que pregonaron que, ahora sí, debía desencallarse el realojo de las familias que habitan los 244 hogares del bloque Venus del barrio de La Mina, enredado en una degradación perenne y condenado a un derribo que nunca llega desde 2002. 

Tras años de retrasos y apremiado por una sentencia que le reprochó “inactividad” en 2020, el Consorcio de La Mina -participado por las instituciones implicadas en reformar la zona- anunció en abril que el desalojo se habrá completado para echar abajo el edificio en 2028. No obstante, las condiciones de la expropiación no acaban de convencer a los afectados, incluso indigna a algunos de ellos. Tal es así que se plantean profundizar en la batalla legal que un centenar de familias ya ha emprendido. Cada una solicita que se le repare con unos 130.000 euros por el deterioro y la sordidez que han tenido que soportar mientras la administración posponía la operación de traslado y demolición a la que se comprometió hace más de dos décadas. Entre todos los demandantes, la reclamación asciende a unos 12 millones de euros.

Varios vecinos de Venus aseguran que representantes del Consorcio de La Mina les han apremiado a retirar las demandas por las que piden ser indemnizados. El ente no ofrece más de 5.000 euros por barba ante la reclamación patrimonial por daños morales. Afirman que, a cambio de dejar de pleitear, les garantizan que podrán firmar el acuerdo para mudarse sin coste o cobrar el importe de la expropiación para abandonar el bloque. El Departament de Serveis Socials confirma que los vecinos han de poner fin a los litigios para sellar el pacto que les facilite salir del inmueble.

“Es un chantaje que nos digan que tenemos que quitar la demanda y no poder defendernos por el daño que hemos sufrido durante 14 años de inactividad”, replica Paqui Jiménez, portavoz de los afectados de la calle Venus. Según la vecina, miembros del consorcio avisaron en una reunión que, en el supuesto de no desistir de las demandas, los residentes tendrían que pagar unos 40.000 euros en caso de que se les asigne una vivienda de realojo de segunda mano o 90.000 euros de ser nueva. En caso de preferir cobrar la expropiación y no renunciar al pleito, quedarían relegados hasta que se resuelvan las alegaciones y recursos que se interpongan.

Acciones sobre la mesa

Una setentena de vecinos se ha reunido este miércoles para conocer qué opciones tienen a mano para emprender nuevas acciones legales. Una posibilidad que se estudia es impugnar el proyecto de expropiación. “No nos parece ajustado a derecho”, afirma Mariona Torra, abogada del Col·lectiu Ronda, que representa a los afectados. 

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La impugnación abre la vía para instar que el canje del antiguo piso pendiente de derribo por otro con los mismos metros cuadrados se produzca sin que medie un desembolso, en todos los casos sin excepción. Es el derecho al que ampara el decreto Haus, recuerda Torra: “El proyecto aprobado no lo aplica, sino que plantea la posibilidad de hacerlo si se llega a un acuerdo. Entendemos que el consorcio está obligado a hacerlo efectivo sin condicionarlo a un mutuo acuerdo y aplicarlo por ley a todos los vecinos”. 

Jiménez interpreta que puede servir para abortar la exigencia de la administración a los afectados para que dejen de pedir que se les repare: “Ante este pequeño chantaje, queremos que un juez decida si unos vecinos pueden irse con unas condiciones y otros no”. Los vecinos tienen plazo para impugnar hasta el 3 de julio. Las costas superan los 4.500 euros. De momento, solo tres hogares se han declarado dispuestos a recurrir. 

Otra posibilidad es apelar contra la cantidad con que se valoran los domicilios de Venus. Será el importe que ingresarán los propietarios que renuncien a un piso entregado por las instituciones o no reúnan las condiciones para obtenerlo. De esa cuantía dependerán varias familias para comprar un nuevo hogar. "Creemos que podemos conseguir un poco más por metro cuadrado" , alega Torra.

El Consorcio de La Mina tasa las viviendas de tres habitaciones en 97.450 euros y en 121.514 euros las de cuatro. De discutir las cuantías, los demandantes tienen que costear 850 euros por un informe de tasación. Por el momento, 15 vecinos se han prestado a tomar ese camino. 

Agotamiento y frustración

Gran parte de los habitantes de Venus difícilmente podría abonar la diferencia de valor entre los domicilios del bloque -levantado hace medio siglo para antiguos barraquistas y demandantes de vivienda de protección oficial- y uno de segunda mano o acabado de construir. Ya ocurrió en 2010, cuando las estrecheces de la mayoría de las familias truncó la gran operación para vaciar los pisos. Entonces, los vecinos debían sufragar entre 34.000 y más de 40.000 euros por el intercambio de viviendas. La mayoría no pudo asumir el importe y ha quedado atada a un edificio en deterioro permanente.

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“Estamos en el mismo punto que entonces”, piensa Torra. “Hay cosas ventajosas pero, realmente, estamos peor, porque han pasado muchos años”, apostilla. Observa que apenas hay pisos disponibles de momento para los realojos: "No se va a materializar hasta dentro de mucho. Nos da tiempo a discutir en el juzgado si el proyecto de expropiación es correcto o no".  

El agotamiento y las frustraciones han hecho mella en el vecindario. Jiménez cuenta que se ha seleccionado a unas familias que, por la vulnerabilidad que padecen, se les propone ser las primeras en mudarse del inmueble a 23 domicilios que la administración ha adquirido en La Mina: “Ante todo les han dicho que tienen que retirar las demandas. Uno dice que la quitará, otro no sabe qué hacer y una persona está dispuesta a retirarla porque, para los años de vida que le quedan, quiere vivir en condiciones. Y que cuando aprete al botón, baje el ascensor. No como ahora, que siempre nos estamos peleando para que funcione. Son muchos años así y la gente está quemada”.