Un proyecto en entredicho
Los vecinos de la ‘Illa Eficient’ del Eixample denuncian que la Generalitat les debe un millón de euros
Las comunidades afectadas afirman que el Govern dejó de hacer aportaciones ya comprometidas hace un año y amenazan con movilizaciones y denuncias
El Eixample corona su primera 'Illa Eficient'..., quedan 419
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Los vecinos de la ‘Illa Eficient’ del Eixample denuncian que la Generalitat les debe un millón de euros / MARC ASENSIO CLUPES
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Toni Sust
Periodista
Escribo sobre el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad desde 2016. Antes lo hice sobre Política social (2011-2016) y sobre Política catalana y española (2001-2011).
Profesor asociado de Periodismo en la UPF.
La ‘Illa Eficient’ es un proyecto pionero en toda España, según subrayan sus impulsores, que nació en 2016 con la voluntad de generar una comunidad energética formada por comunidades de vecinos de la misma manzana, la que limitan las calles de la Gran Via, Calàbria, Diputació y Viladomat.
Son 22 edificios con 390 pisos, que participan de una iniciativa en forma de cooperativa que gestiona Habitat Futura. Han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, aunque también han recibido fondos del Gobierno central, y los vecinos han asumido el 50% del coste. Que, por cierto, ellos ya han pagado.
La primera fase: cinco comunidades
El reto: lograr una optimización de la energía que rebaje la factura hasta casi un 50% a los vecinos. La forma: instalación de placas solares y reformas de los edificios para reducir el consumo. En cada uno, en función de sus necesidades: sustitución de ventanas, renovación de material aislante.
La primera fase consta de cinco comunidades que suman 94 viviendas. De las cinco, dos están reformadas, dos a medias y una espera licencia. La idea, cuando todo esté acabado, es que las placas y sus baterías suministren la totalidad de la energía común (ascensores, luces de la escalera) y el resto, como obliga la ley, se verterá a la red de las compañías a cambio de un descuento en la factura.
El impago
Pero ese futuro ilusionante está ahora en entredicho. Porque la Generalitat lleva un año sin pagar las cantidades que le corresponden. En el caso de los vecinos, el coste varía en función de qué debe hacerse en cada inmueble, pero los reunidos este miércoles para exponer su queja han abonado más de 30.000 euros por vivienda.
Y por haber pagado, seguramente, les irrita todavía más que la Generalitat, según denuncian, haya suspendido los pagos a los que estaba comprometida. Cèlia Galera, de Habitat, cifra en un millón la cantidad que la Administración catalana ha dejado de aportar, y afirma que es una cantidad totalmente decisiva para que el proyecto avance.
Burocracia
En las azoteas se ven algunas placas colocadas, en funcionamiento parcial, y otras apoyadas en paredes, esperando destino. Es el caso de la azotea de Gran Via, 471, donde el presidente de la comunidad, Antoni Tribó, junto con representantes de otras fincas de la primera fase, denuncian su problema.
Tribó advierte de que además del impago de la Generalitat, la burocracia está siendo un problema. “El material lleva un año y medio aquí sin montar. Nosotros cumplimos pero la administración, no”. En su comunidad, la del 471, los trabajos se iniciaron pero están por acabar. Son 12 propietarios que pagaron más de 30.000 euros cada uno hace ya cinco años. “Y después de cinco años todo está así”, lamenta.
Por empezar
El caso de Gran Via, 473 es distinto. Lo cuenta uno de sus vecinos, Felipe Álvarez de Toledo: “Aquí está todo por empezar”. “Habiendo aportado nuestra parte, que ahora la Generalitat no esté en condiciones de dar su pate nos compromete”, advierte. Porque sin esos recursos no pueden comenzar una obra que será de envergadura: “Una reforma total del edificio”.
El caso de Joan Anton Cano es algo distinto. Es copropietario, junto con su hermana y su prima, del edificio que está en Gran Via, 469. Ese inmueble ha sido ya reformado. “Estamos relativamente satisfechos, la obra está acabada pero en cuanto a las placas, llevan tiempo instaladas y por ahora solo sirven para abastecer el consumo de los ascensores. Para el resto no tenemos permiso. Es decir, a la reclamación económica suma la queja por la falta de agilidad en la concesión de permisos.
La versión de la Generalitat
Mientras Galera subraya que Habitat ha tenido que aportar 600.000 euros del millón pendiente, la Generalitat, requerida por este diario, afirma que hoy por hoy no hay partidas disponibles para pagar la cantidad pendiente. Fuentes de la Conselleria de Territori explican que hace unos días se reunieron con los afectados para explicarles cómo está la situación.
La Generalitat afrontó parte de la financiación con fondos del Plan de Vivienda estatal, que al parece ya no contempla este tipo de actuaciones, que se deja para los fondos Next Generation, de la UE, nacidos para paliar los efectos de la pandemia del covid en la economía.
Según Territori, el Govern tiene que estudiar el compromiso cerrado para acuñar la ‘Illa Eficient’ y adaptarlo a la nueva situación pero argumenta que al no haber nuevos presupuestos para el 2024 –ya que no lograron el consenso necesario, lo que propició la convocatoria anticipada de las autonómicas del 12 de mayo-, no es posible dispone de una cantidad de forma inmediata. También relatan que en la reunión se comprometieron a dar una respuesta en los próximos días después de que los servicios jurídicos estudien la situación.
Protestas
Los vecinos aspiran a lograr la ayuda de los fondos Next Generation, pero como algo desligado de lo que tiene que pagar la Generalitat. Y advierten de que si no se resuelve la situación están dispuestos a emprender movilizaciones así como a recurrir a la vía legal para reclamar lo acordado cuando este sueño energético nació, antes de que, por lo menos temporalmente, se haya tornado en una pesadilla económica.
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