Los científicos que alertaron sobre la contaminación de Tersa se reafirman: “La situación es preocupante”

Hace 10 años, un equipo de científicos de la Universitat Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, quedó atónito ante los resultados que tenían entre manos. Los análisis de las muestras de tierra y aire que captaron en las inmediaciones de la incineradora de basura de Tersa, en Sant Adrià de Besòs, revelaban una presencia desmesurada de dioxinas y furanos, dos sustancias potencialmente cancerígenas. Hallaron proporciones récord en torno a zonas habitadas, exorbitadas en comparación con otras zonas industriales de Catalunya. Los investigadores revisaron posibles errores, pero los valores se empeñaron en alertar de que la alta dosis de contaminantes inducía a los habitantes de los aledaños a un riesgo hasta tres veces mayor de contraer cáncer que junto a otras centrales. La prueba se repitió en 2017, con la misma pésima conclusión. 

Los estudios fueron el germen de la investigación judicial a responsables de Tersa por un presunto delito contra el medio ambiente. Tras seis años bajo la lupa, la causa se archivó hace un par de semanas. “No existe ni un solo informe que haya permitido constatar que las dioxinas y furanos que se liberan en el proceso de combustión superan el umbral previsto legalmente”, alegó la jueza instructora en su auto. 

En cambio, dos de los profesores de la URV partícipes de los análisis que originaron el caso, José Luis Domingo y Joaquim Rovira, se reafirman en una conversación con EL PERIÓDICO en que los niveles de ambas partículas nocivas fueron repetidamente anómalos cerca de Tersa. “Lo que encontramos era alarmante. Se respiraban niveles mucho más elevados que junto a las incineradoras de Girona, Mataró y Tarragona”, mantienen.

A tenor de las comprobaciones que efectuaron, la cantidad de dioxinas y furanos en las proximidades de Tersa en 2014 duplicaba la detectada en otras plantas; tres años más tarde, se cuadruplicaba. “Estoy muy seguro de esos resultados”, contesta Domingo, catedrático emérito de Toxicología de la URV. “Son resultados rigurosos y se basan en una metodología aceptada por la agencia de protección ambiental americana y por otras. Me los creo”, corrobora Rovira, integrante de la misma unidad investigadora. 

Los científicos del grupo de la URV son los que más informes sobre emisiones de incineradoras han redactado en el mundo. En Tersa, las cotejaron durante dos décadas. Entre 1998 y 2006, lo hicieron por encargo de las administraciones propietarias de la fábrica. Ya por entonces, las dioxinas acumuladas se desviaban de los estándares. Domingo afirma que dejaron de contratarlos sin que mediara explicación.  

Ambos investigadores acaban de firmar junto a otro colega del laboratorio, Martí Nadal, un artículo en una publicación científica internacional, en que advierten que las concentraciones de dioxinas y furanos descubiertas entre 2014 y 2017 en Tersa “fueron las más altas entre las reportadas hasta entonces cerca de una incineradora en Catalunya”. La paradoja es que se divulgó la misma semana en que el juzgado dio carpetazo al asunto, negando que se haya demostrado una polución insalubre. La jueza no citó a declarar a ninguno de los dos profesores. La plataforma vecinal Airenet ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona. 

Sin margen de seguridad

Los científicos de la URV discrepan con la magistrada cuando afirma en su resolución que es “obvio” que en Tersa “no se ha producido ningún riesgo grave para el medio ambiente o la salud”. “Como mínimo, la situación de Tersa es preocupante -se arranca Rovira-. Por todas las evidencias, hay una sombra de sospecha de que potencialmente se han emitido niveles de dioxinas elevados. La exposición que se tenga a dioxinas, por mínima que sea, provoca la probabilidad de desarrollar cáncer. Cuando menos, hay muchas dudas sobre la incineradora. ¿Quién sabe si una persona desarrollará o no un cáncer por haber estado expuesto a esas sustancias?”.

Domingo insiste en que, “como pasa con el tabaco”, no existe un mínimo exento de peligro cuando se trata de dioxinas. “¿Cuáles son sus valores de seguridad en el aire? ¿Dónde están publicados? No existen. Entonces, ¿cómo debe hablar la pobre jueza de seguridad para la salud?”, rebate. Además, el catedrático cree que la legislación europea está “completamente obsoleta” en cuanto al límite que autoriza de expulsión de dioxinas, fijado en 0,1 nanogramos por metro cúbico: “Pone un número por ponerlo. A la persona que sea sensible le afectará”.

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Los investigadores aseguran que informaron de los hallazgos anormales en torno a la central a los responsables de Tersa y las instituciones. “Nos consta que no hicieron nada”, critica Domingo. “Nos respondieron que todo funcionaba muy bien, que nuestro estudio era historia pasada. Nos dijeron que tenían otros resultados, que nos los podían enseñar para comprobarlos, pero no los vimos. Nunca han hecho nada”, cuestiona. 

Informe confidencial

El AMB sí les solicitó un informe en 2015, con cláusula de confidencialidad. Los investigadores tomaron tres muestras de tierra en Sant Adrià que rozaban o superaban el umbral de dioxinas que se considera tolerable en países como Alemania o Suiza. En un caso, la acumulación de dioxinas multiplicó el indicador de referencia por 13.

El trabajo no trascendió durante tres años. “No nos informaron de que se hiciera nada”, completa Domingo, que subraya que el equipo que encabeza ha chequeado a otras incineradoras e instalaciones de tratamiento de residuos sin topar con desfases como en Sant Adrià.  

La URV se planteó repetir el ensayo en Tersa en 2020, pero el temporal Gloria frustró el trabajo de campo. Luego, el confinamiento por el Covid lo descartó. “Sería interesante volver a coger datos”, reconoce Rovira. “Se tendría que corroborar, pero mi hipótesis es que los niveles de dioxinas se encontrarían ahora en la misma línea. En el suelo se acumulan durante un largo periodo, son componentes persistentes y no se degradan”, enumera.

Agentes de la Guardia Civil se reunieron con Domingo mientras escrutaban en torno a la incineradora por orden de la Fiscalía. “Me dijeron que, cuando empezaron las vigilancias, las cosas habían cambiado en Tersa. Me dieron a entender que serían muy burros si seguían funcionando como funcionaban”, confiesa. 

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Más que en la Diagonal

Los miembros de la URV puntualizan que las sustancias cancerígenas que localizaron no se pueden atribuir en exclusiva a la incineradora. “Hay el tráfico de la Ronda Litoral, también emisor de dioxinas, y hubo una fábrica de pesticidas de DDT en el entorno -precisa Rovira-. ¿En qué contribución son de Tersa? Es más complicado decirlo. Hicimos un estudio de las dioxinas en el suelo cerca de la Diagonal y no había los niveles que hay en torno a Tersa. Entonces, el tráfico de la ronda seguramente no es el mayor contribuidor de dioxinas en Sant Adrià porque hay muchas menos en otros sitios con igual o más tráfico”.

De su último artículo académico, Domingo recalca que admiten que “es probable que numerosas incineradoras funcionen adecuadamente y con un alto nivel de eficacia ambiental”. “Otras han experimentado demasiados problemas, probablemente por una gestión deficiente o inadecuada”, avisa el trabajo de los integrantes de la URV, que remacha diciendo que “la incineradora de Sant Adrià podría haber tenido un impacto negativo en el medio ambiente y potencialmente en la salud pública”. “Estamos recibiendo 'imputs', todos positivos, de agencias científicas que lo han leído y lo ven clarísimo. Incluso nos felicitan, aunque ninguna es española”, precisa el catedrático.

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