La Síndica pide a Barcelona una moratoria en la baja de los empadronados en entidades sociales

La Síndica de Greuges ha solicitado al Ayuntamiento de Barcelona una moratoria en la prohibición de empadronar a personas en las sedes de entidades del tercer sector, que entrará en vigor a inicios de junio.

La síndica, Esther Giménez-Salinas, ha reaccionado así este viernes a las cartas conocidas este jueves remitidas por el ayuntamiento en las que se indica que las entidades no pueden seguir empadronando a personas vulnerables en la dirección postal de sus sedes si no pernoctan en ellas.

El aviso señala que está previsto que a principios del mes de junio se inicien los expedientes de baja patronal de las personas empadronadas en sus sedes por "no cumplir con la normativa patronal" y, por tanto, precisa, "los interesados deben tramitar su empadronamiento en el municipio y la dirección de la residencia habitual lo antes posible".

Frente a esta notificación, la Síndica informa en un comunicado de que, a pesar de que "no se cuestiona la necesidad de actualizar el padrón", propone una moratoria en la baja en el padrón de las personas empadronadas en las entidades porque este proceso, alerta, "puede afectar a los derechos fundamentales".

La institución defiende que el proceso no se inicie hasta que "se pueda garantizar que ninguna persona quedará desprotegida de sus derechos".

Por eso, la Síndica también ha anunciado que ha abierto una actuación de oficio "para estudiar el caso" y ha pedido "conocer el número de personas afectadas y si se han tomado medidas para evitar que el nuevo procedimiento vulnere el derecho de personas con perfiles de especial fragilidad".

Además, ha sugerido que, en el marco de esta moratoria, el ayuntamiento estudie la posibilidad de que las solicitudes que se presenten como consecuencia de un cambio de domicilio en el municipio se gestionen como una modificación del padrón, y no como una baja seguida de una alta.

Las entidades que atienden la extrema pobreza usan el empadronamiento en sus sedes sociales como una medida de protección a personas especialmente vulnerables que no tienen un hogar determinado. Esta figura de empadronamiento colectivo en sedes les permite poder hacer un seguimiento de estas personas y que puedan recibir documentación, notificaciones o las tarjetas censales para votar.

Según el modelo de empadronamiento actual, la persona debe acreditar que reside en una dirección concreta pero, para casos de exclusión social, la normativa contempla el empadronamiento sin domicilio fijo, pensado para personas que no tienen un hogar o tienen una vivienda insegura, como por ejemplo el realquiler de habitaciones.

Sin embargo, esta vía de empadronamiento sin domicilio fijo no es la misma que han usado las entidades sociales: el empadronamiento colectivo en sedes en las que no pernoctan.