El conflicto Israel-Palestina se cuela en un intento de desahucio en el centro de Barcelona

“Todo por dinero para comprar bombas. ¡Cómplices!”, se desgañitaba una mujer a gritar frente al bloque donde Mohamed Emran Ali Begum reside en Barcelona con sus dos hijos menores y su mujer, esta mañana cerca de la Rambla, cuando los iban a desahuciar. El de hoy era una orden judicial más en el goteo de desalojos que siguen dictándose en la ciudad, aunque la manifestación convocada para frenarlo llevaba adherida una novedad: el colectivo Raval Rebel, uno de los que hace frente a las expulsiones en el casco antiguo de la capital, ha llamado a parar un intento subrayando que venía instado por la propietaria del edificio de 12 viviendas, Galil Capital, una sociedad de inversión inmobiliaria (conocidas como socimi) con mayoría de capital israelí. 

“Queremos parar el desahucio, pero también es una manera de hacer boicot a las élites de Israel en medio de la guerra contra Palestina”, ha explicado Pati Avinyó, portavoz de Raval Rebel. El principal accionista de Galil es Gil Avraham Shwed, fundador de la compañía de ciberseguridad israelí Check Point. Tras casi tres horas de protesta, la jueza ha concedido un aplazamiento a la expulsión, después de que la defensa de Mohamed presentara alegaciones anoche. 

El movimiento por la vivienda urge a desatascar el embudo con los pisos de emergencia

Antes de suspenderse, los activistas han subrayado los presuntos vínculos de la empresa de Shwed con el Ejército de Israel. El Raval ha sido foco de protestas contra el asedio a la franja de Gaza desde que se desató la guerra tras el ataque de milicianos de Hamás del pasado 7 de octubre. La conflagración se ha cobrado la vida de unos 1.400 israelíes y más de 5.000 palestinos.

“La propiedad actúa mal”

Mohamed no ha querido compararse en ningún caso con las víctimas de la guerra en Oriente Próximo. “No es lo mismo, pero la propiedad está actuando mal con nosotros”, expresa el chico, que lleva ocho años habitando el domicilio, situado en la calle Unió. Señala que el alquiler ha ido en aumento: primero se elevó de 700 a 900 euros y luego alcanzó los 1.000 euros, un umbral que también acabó superando.

“No podía asumirlo. Con 900 euros ya teníamos problemas para pagar pero, aun así, abonaba lo que podía. Pero, en 2022, lo subieron a 1.100 euros. A partir de ahí, no podía pagar. Me dijeron que, si no aceptaba la oferta, me iba a la calle. Estoy desempleado desde hace un año y cobro una renta garantizada de 600 euros”, expone el inquilino, que logró detener la primera tentativa de desalojo en el juzgado. 

Mohamed relata que se ejecutó un desahucio en la finca hace un mes y otro más hará cosa de medio año. Dice que en la mayoría de los pisos se albergan turistas. En internet, una habitación de poco más de 20 metros cuadrados en un domicilio compartimentado con 13 habitaciones dentro del bloque se anuncia por 880 euros al mes. “El mejor lugar para conocer a gente internacional”, se publicita. 

Una vecina que llegó hace un par de años atestigua que el flujo de visitantes es frecuente, también las molestias por ruido. Costea 765 euros al mes, una cuota que subirá 200 euros a partir de 2026. “La intención del fondo es echar poco a poco a todos los inquilinos, hacer alquileres de temporada con los que se pueden saltar las restricciones a las licencias de establecimientos turísticos y las protecciones a los alquileres normales”, advierte Avinyó.

Sin relación con la guerra

Fuentes cercanas a la propiedad apuntan que se demandó al inquilino porque, afirman, acumula más de dos años sin abonar la renta y que el proceso judicial que se resolvió con una sentencia firme de expulsión viene de largo. A su vez, apuntan que Galil Capital adquirió el inmueble en mayo de 2016 y blanden que ha firmado contratos a largo plazo, con lo que desmienten que pretenda ofertar todo el edificio con alquileres de temporada. También recalcan que la firma propietaria es una compañía española y desechan cualquier relación entre sus operaciones en el país con las hostilidades entre Israel y Hamás. Aparte, rebaten que Galil se haya negado a hablar con el vecino.

En cambio, Mohamed asegura que la propiedad no ha tenido en cuenta que tiene una hija de año y medio con problemas de salud ni que dispone de informe de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento. “Pedí alquiler social, pero no me responden. El piso está muy mal: lleva dos meses sin agua caliente, salía agua del lavabo y tuve que repararlo, la instalación de la luz está fatal y a veces se va la luz… Pero no lo arreglan”, lamenta. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona comenta que ha buscado una alternativa para alojar a la familia, tanto contactando “con la propiedad como activando recursos de emergencia”. Mohamed dispone de informe favorable para acceder a un domicilio de emergencia, aunque la entrega puede demorarse meses, cuando no años. El consistorio afirma que Galil Capital “ha rechazado incorporar el piso al programa Reallotgem”, un servicio de la Agència de l’Habitatge de Catalunya para captar domicilios del mercado privado para ampliar el parque de vivienda social. Por último, el Ayuntamiento indica que, si la propiedad no ha ofrecido alquiler social a la familia, “se estudiará si se ha incurrido en infracción”.