Informe pericial
La Generalitat avaló para Fiscalía la tramitación de la superilla de Consell de Cent
Una jueza ordena desmantelar el eje verde de Consell de Cent de Barcelona
La reforma de Consell de Cent costó 26 millones
![Consell de Cent entre Casanova y Bruc](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3b61be5b-b503-4541-8486-6d3128230b38_21-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
Consell de Cent entre Casanova y Bruc / JORDI OTIX
![Meritxell M. Pauné](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/file/2022/0831/08/meritxell-m-paune-d43b84b.png)
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Meritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
Un informe de la Generalitat de Catalunya avaló la tramitación urbanística de la 'Superilla' de Consell de Cent realizada por el Ayuntamiento de Barcelona, piedra angular de la sentencia conocida este jueves y que ordena la desmantelamiento de esta pacificación. A petición de Fiscalía, una especialista de la conselleria de Territori elaboró un análisis a modo de prueba pericial. El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, avala que el gobierno de Ada Colau prescindiera de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para pacificar la calle Consell de Cent.
"No resultaría necesaria la figura de la modificación del planeamiento urbanístico general para realizar actuaciones en las vías que forman parte de la red local, siempre y cuando se garantice el mantenimiento de su función", concluye el informe entregado al juzgado. "Tampoco resultaría necesaria la figura de la modificación del planeamiento urbanístico general para realizar actuaciones en las vías [de la red viaria básica de la ciudad], siempre y cuando de estas actuaciones y de los proyectos aprobados no resulte una modificación de la funcionalidad del sistema correspondiente", añade.
Lo firma Marta Jové, jefa del Servicio Territorial de Urbanisme del Àrea Metropolitana de Barcelona, y está fechado en diciembre de 2022. Esta área forma parte de los Servicios Territoriales del departamento de Territori en Barcelona, que en diciembre de 2022 ya estaba en manos de ERC. Portavoces de Territori confirman este viernes que la Fiscalía les solicitó este informe a modo de expertos ajenos al proceso jurídico de la Superilla, que se circunscribe a las competencias municipales y no pasó ni tenía que pasar por ningún órgano supervisor de la Generalitat: "Fiscalía nos pidió si veíamos necesaria o no una modificació del PGM para hacer esta obra y nosotros dijimos que no, que veíamos bien la tramitación". Ello no implica, matizan las mismas fuentes, un aval político al proyecto de las Superillas ni a su gestión política, sinó únicamente un aval al procedimiento urbanístico usado por Barcelona.
La petición de Fiscalía no formaba parte del proceso judicial iniciado por los comerciantes de Barcelona Oberta, que ha desembocado en la mencionada sentencia de esta semana. Formaba parte de las diligencias de una denuncia a la Superilla presentada en julio de 2022 por el exarquitecto jefe del consistorio Josep Antoni Acebillo, dos meses después de la aprobación definitiva del proyecto en el consistorio. Una denuncia que se archivó y fue sucedida por otra querella de Acebillo.
Este jueves el presidente del grupo municipal de ERC, Ernest Maragall, se posicionó a favor de recurrir "inmediatamente" la sentencia y consideró que "revertir cambios urbanísticos consolidados" como estas obras sería un "error frívolo". No obstante, cargó contra el gobierno anterior por su gestión del proyecto: "La sentencia sobre todo levanta acta de cómo el gobierno Colau-Collboni no sabía tomar decisiones contando con la ciudadanía".
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