Regulación polémica
Estas son las propuestas (alternativas) del sector inmobiliario para paliar el problema de la vivienda en Barcelona
Efectos (ya) de la nueva ley de vivienda en Barcelona
Los contratos de alquiler firmados en Barcelona alcanzan de media los 1.077 euros
Frente a la nueva ley enfocada en los precios y la propiedad, las patronales y consultoras abogan por fomentar a toda costa la oferta para que las rentas bajen
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Dos mujeres miran anuncios de pisos en el escaparate de una inmobiliaria de Barcelona. / Manu Mitru
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Patricia Castán
Periodista
Periodista en El Periódico de Catalunya desde 1996. Ha ejercido de redactora y jefa de sección en Gran Barcelona. Especializada en los ámbitos de economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.
La certeza de que los alquileres siguen subiendo y los precios de venta de vivienda tampoco retroceden en Barcelona, de momento, mantiene abierto el debate sobre qué medidas deben implementarse para templar lo que se ha convertido en una gran preocupación para muchos barceloneses. La ley de vivienda, que se aprobará este mes y pone el foco en los propietarios para limitar los precios, ha provocado un alud de críticas por parte del sector inmobiliario, convencido de que provocará un efecto contrario al deseado. Su tesis es que muchos dueños de viviendas sacarán sus inmuebles del mercado.
Todas las voces del sector coindicen que la solución pasa indispensablemente por aumentar el parque residencial disponible. ¿Pero, qué propuestas recetan como alternativa en la ciudad? Este diario ha consultado al Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Barcelona, la consultora del 'market place' inmobiliario especializado en 'retail' Brickbro, así como empresas inmobiliarias con gran cuota de mercado como Don Piso (Emiliano Bermúdez, subdirector general) y Tecnocasa (Lázaro Cubero, director de Análisis del grupo), entre otros, en busca de las medidas clave.
Más promociones de obra nueva
Barcelona no tiene mucho espacio para crecer como ciudad, pero sí recorrido en algunos barrios. El caso más claro es la Marina del Prat Vermell, donde de momento se han planificado unas 12.000 nuevas viviendas, casi la mitad de protección. Otros barrios periféricos tienen potencial para encajar nuevas edificaciones y exprimir la fórmula combinada de promociones con fondos privados, o de colaboración público-privada, al margen de las iniciativas de obra protegida que está desarrollando el ayuntamiento.
El propio exsocio socialista de la alcaldesa Colau comulga con la tesis de Carme Trilla, presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge, de que la rigidez en la aplicación del 30% destinado a vivienda social no ha funcionado (ha frenado en seco nuevas promociones) y es necesario flexibilizarla según cada caso concreto. El pobre balance (medio centenar de pisos sociales en cuatro años) ha llevado a la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) a considerar la medida de los Comuns como un "fracaso estrepitoso". El sector pide "menos intervencionismo" y más pisos.
El Col·legi d'Administradors plantea "poner a disposición de promotores y constructores a precio módico solares para edificar vivienda de hasta 60 m² en régimen de alquiler asequible, con un tope máximo de entre 8-9 euros/m²".
Construcción y rehabilitación de viviendas municipales
El ayuntamiento lleva años culpando al Govern de no cumplir con sus responsabilidades en materia de vivienda y obligar a la ciudad a realizar un esfuerzo extra, que se sigue quedando muy corto respecto a la demanda. El sector pide que las administraciones dejen de culparse mutuamente y realicen políticas activas para nutrir el mercado con techo público, en lugar de desplazar las responsabilidades a los propietarios y promotores privados. El primer paso para abordar la crisis es aumentar el parque público, porque "no se han cumplido las promesas electorales y el 2% de vivienda pública en la ciudad es insuficiente", apunta Cubero.
Reconversión y cambio de uso de oficinas y locales
Lo que inicialmente era un reivindicación por parte de los administradores de fincas, es ya un clamor desde todo el sector. Barcelona cuenta con miles de oficinas obsoletas, ubicadas especialmente en edificios de vecinos con usos mixtos (sobre todo en entresuelos) que podrían ser convertidas en hogares, defiende Bermúdez. En paralelo, hace unos meses estimaba que existen 16.000 locales comerciales en desuso por estar situados mayoritariamente en calles de poca vida económica, y con pocas perspectivas de resucitar como tiendas o servicios.
La propuesta es que se estudie con las asociaciones de comerciantes (incluso Barcelona Comerç lo ve con buenos ojos) en qué zonas se podría incentivar el cambio de uso. Se propone que esté condicionado a precios sociales, o a abastecer mercados como el de la población de más edad, que tendría una buena accesibilidad en los bajos. Por contra, la consultora Brickbro calcula que un 30% de la inversión en vivienda se desplazará al 'retail' (en zonas de interés) que no tiene limitaciones y se percibe más segura. También reivindican la reconversión de altillos y estudios que reúnan condiciones habitables mediante reformas.
Poner al día la cédula de habitabilidad y dividir unidades
En la actualidad, miles de espacios han sido habilitados como viviendas y ejercen ese papel pese a carecer de cédulas por cuestiones formales (su metraje o distribución) sin que se trate de infraviviendas. En otros casos, tienen características para poseer la cédula, pero los criterios municipales de densidad residencial lo impiden. Las patronales recuerdan que en la actualidad muchas personas (no estudiantes) se ven obligadas a compartir techo sin conocerse en habitaciones que ya cotizan a más de 500 euros en Barcelona y donde se producen numerosos abusos inmobiliarios y negocios mafiosos paralelos.
La habilitación de minipisos de alquiler en torno a 30 metros cuadrados podría ser una buena fórmula para la emancipación juvenil, añaden. Si se recalculan densidades, en algunos casos se podría facilitar también la "división de grandes pisos", ante las nuevas demandas sociales y el auge de hogares con un solo ocupante, reclaman.
Inversión y bonificación a propietarios de viviendas vacías
Las empresas inmobiliarias mantienen que para favorecer un mercado lo bastante amplio como para cubrir la demanda y por tanto reducir los precios de forma natural es necesario estimular la inversión en viviendas vacías para ponerlas en arrendamiento. Sostienen que con bonificaciones fiscales se alentaría ese crecimiento y se integrarían los pisos sin uso en el mercado. Del mismo modo, las bonificaciones en IBI o fiscales para pequeños propietarios podrían incentivar que estos las mantuviesen en el mercado de alquiler, en lugar de hacerles "pensar en vender" como está sucediendo desde que se empezó a apostar por la intervención en los precios, postulan. Tecnocasa estima que en Barcelona hay unas 21.000 viviendas sin utilizar y que incentivar su alquiler oxigenaría un poco el mercado. "Se ha optado por palos en lugar de zanahorias", opinan, en alusión a la falta de entendimiento con los propietarios.
Evitar el trasvase al alquiler turístico
En la actualidad, los propietarios que quieren huir del alquiler tradicional buscan refugio en el turístico (en municipios donde aún se permite, que no es el caso de Barcelona) o de temporada, que ha quedado sin regulación de momento. Ese trasvase aún estrangula más el estoc del arrendamiento de larga duración. Los API creen que deben promoverse medidas para que este último no mengüe y las otras opciones no resulten tan tentadoras. Por el contrario, las ventajas fiscales por alquilar de forma tradicional ya se han reducido en la actual campaña de Hacienda. Creen que quienes mantienen la vivienda arrendada a precio de mercado y sin especular deben ser motivados con bonificaciones o incentivos.
En defensa de los pequeños propietarios
Desde COAPI enfatizan que, según datos oficiales, el 64% de las viviendas de alquiler en Barcelona son de pequeños particulares, entre los que hay más sensación de indefensión jurídica, y que se plantean ahora mantener o no la actividad. Reivindican también que las administraciones "no hagan demagogia" y dejen de criminalizar a los propietarios, eludiendo su responsabilidad en por no haber impulsado más oferta pública durante años. Cubero apunta, como dato concreto, que un 26% de sus clientes arrendadores son pensionistas que completan así sus ingresos, y otra parte importante son personas que han comprado una vivienda mayor, manteniendo la primera en alquiler para ayudar a cubrir la nueva hipoteca. También es muy criticado que pase a ser considerado un gran tenedor un pequeño propietario incluso con inmuebles de bajo valor, frente a los fondos que aglutinan cientos de viviendas.
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