Judicialización
La 'tasa Amazon' de Barcelona sobrevive al primer embate judicial por su lenta aplicación
El TSJC desestimó la suspensión cautelar que pedía la patronal UNO porque las empresas no tendrán que pagar hasta julio de 2024
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La 'tasa Amazon' por el reparto de productos 'online' entra en vigor la próxima semana en Barcelona
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La 'tasa Amazon' del Ayuntamiento de Barcelona, que grava los envíos a domicilio del e-commerce por el uso recurrente del espacio público, resiste por ahora al embate judicial impulsado por la patronal UNO. La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (ONU) ha dado a conocer este miércoles el argumentario que sostiene la decisión judicial de mantener en vigor la tasa por ahora. La entidad presentó un recurso contencioso-administrativo contra el consistorio y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo ha admitido a trámite, aunque este lunes rechazó tumbar la tasa de forma cautelar como solicitaba el denunciante por "perjuicios irreparables".
La razón sería, según ha aclarado UNO en un comunicado, que queda más de un año para el primer pago de la tasa y la entrada en vigor este marzo no conlleva aún ningún gasto para los operadores postales afectados. Concretamente el primer pago de la tasa puede abonarse hasta el 31 de julio de 2024. “El Tribunal en su auto no prejuzga ni valora la idoneidad de la norma, sino que sostiene que, debido a la complejidad de los argumentos legales, tendrá que acometer un análisis exhaustivo de los mismos”, aclara el presidente de la patronal, Francisco Aranda.
La prudencia del TSJC no ha desanimado a UNO, al contrario: la patronal celebra la admisión a trámite y enmarca la negativa de este lunes en la "necesidad [de la jueza] de estudiar en profundidad las alegaciones presentadas". Insiste que la nueva norma municipal "contraviene principios constitucionales básicos", concretamente el artículo 18.3 de la Constitución española, porque "obliga a los operadores postales a reclamar información por parte de la empresa que hace un envío para saber si proviene de una venta por Internet y también a incluir en la liquidación del tributo información sensible como los lugares de entrega de los envíos o la naturaleza del destinatario". Todo ello, según Aranda, "impide garantizar el secreto de todas las comunicaciones postales a no ser que lo exija una resolución judicial”.
En qué consiste la tasa
El pasado 24 de febrero, el pleno barcelonés aprobó una ordenanza fiscal con este nuevo gravamen a las empresas de transporte de pedidos que facturen más de un millón de euros al año. Se aplica en concepto de tributo que deben pagar por aparcar y ocupar el espacio público durante sus entregas.
El auto que resuelve la petición alega que, según el artículo 9 de la ordenanza fiscal que ha creado el impuesto, los operadores postales solo estarán obligados a entregar un listado con el número de entregas, sin tener que incluir ningún dato personal que vulnere la normativa de protección de datos. "No se obliga a señalar los domicilios o a ceder datos de los destinatarios, como asegura UNO", dijo la sala en un comunicado recogido por EFE.
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