Vivienda pública
Barcelona compra 170 pisos sociales de Regesa para evitar su privatización
El consistorio ha ampliado el parque público de viviendas con esta operación, ante la situación de incremento de precios actual
El Periódico
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El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido por más de 10 millones de euros un total de 170 pisos de alquiler protegido de la empresa pública Regesa, perteneciente al antiguo Consell Comarcal del Barcelonès, para evitar cualquier intento de privatización.
El consistorio ha explicado este martes en un comunicado que es la segunda operación de estas características que lleva a cabo, puesto que a finales de 2021 ya compró a esa sociedad pública un total de 198 viviendas.
La compra, cuya operación ha costado al ayuntamiento 10.763.703 euros, apunta a una estrategia para evitar cualquier posibilidad de privatización de unas promociones levantadas en la primera década de los 2000 en suelo municipal cedido a Regesa por un período de 75 años, en el contexto actual de subida de precios y dificultades para acceder a la vivienda.
El precio pagado se sitúa un 17% por debajo del valor que tendría la venta de derechos de superficie, de acuerdo con el precio de Vivienda de Protección Oficial (VPO) que marca la normativa.
El ayuntamiento cedió en 2006 a Regesa el derecho de superficie durante 75 años de suelos situados en la calles Mare de Déu del Port, Teodor Llorente y la Selva, pero con una protección para vivienda protegida de solo 30 años, que comenzaron a contar entre los años 2007 y 2009.
El consistorio ha ampliado el parque público de viviendas con esta operación, que ha permitido consolidar su condición de vivienda pública protegida, ante el riesgo de que si terminan en manos privadas puedan acabar alquilándose a precios más elevados una vez vencido el plazo de protección.
El ayuntamiento recuerda que en 2012 el Consell Comarcal del Barcelonès, compuesto por los ayuntamientos de la comarca, vendió el derecho de superficie de 298 viviendas al fondo de inversión Azora, en lugar de a una administración pública.
Las viviendas de alquiler vendidas a Azora contaban con una protección con un plazo sensiblemente inferior al tiempo de cesión del derecho de superficie, como es el caso de las adquiridas en esta última operación.
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